El Gobierno de Estados Unidos ha dado un golpe contundente en su ofensiva contra la narcopolítica mexicana al asegurar la entrega voluntaria de Gerardo Mérida y Enrique Díaz Vega, exsecretarios de Seguridad y Finanzas de Sinaloa, respectivamente. Esta acción, que intensifica la presión sobre el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, acusado por Washington de presuntos vínculos con el crimen organizado, ha escalado la tensión diplomática entre las administraciones de Claudia Sheinbaum y Donald Trump.
Mérida, general retirado que comandó la Policía Estatal entre 2023 y 2024, es señalado por la Fiscalía estadounidense de filtrar información a ‘Los Chapitos’ sobre operativos de seguridad, permitiendo el movimiento de equipos y drogas con anticipación. A cambio, habría recibido sobornos de más de 100,000 dólares mensuales en efectivo. Por su parte, Díaz Vega, empresario y exsecretario de Finanzas entre 2021 y 2024, es acusado de ser el puente entre Rocha Moya y los líderes de la facción del Cartel de Sinaloa, incluso facilitando amenazas a oponentes políticos de Rocha en las elecciones de 2021 y colocando funcionarios al servicio del cartel durante su gestión. Aunque ambos se han declarado no culpables de las acusaciones, su entrega voluntaria sugiere una posible colaboración con la justicia que podría oscurecer el horizonte de Rocha y otros ocho implicados.
En México, la prensa local reportó el congelamiento de cuentas bancarias del gobernador sinaloense y los otros nueve acusados. Sin embargo, fuentes del Gobierno federal precisaron a EL PAÍS que se trató de una ‘revisión’ a las cuentas, una diligencia necesaria en la integración de un expediente desde México, sin que esto implique un bloqueo definitivo. La justicia mexicana está avanzando en una investigación propia sobre el ‘caso Rocha’, derivada del expediente de EE. UU., aunque sin un anuncio oficial.
En un contexto de alta tensión diplomática, la presidenta Sheinbaum sostuvo una llamada telefónica con Donald Trump, calificándola de ‘cordial y excelente’, donde defendió el trabajo de México en seguridad y abordaron temas como el comercio bilateral y el TMEC. Sin embargo, la cruzada de Trump contra los carteles se intensifica, con reportes sobre la instrucción del Departamento de Justicia de EE. UU. a sus fiscales para recurrir a leyes antiterrorismo contra funcionarios mexicanos. Terrance Cole, titular de la DEA, advirtió que la acusación contra Rocha es ‘solo el comienzo de lo que está por venir en México’, en alusión a otros posibles narcopolíticos. Estos anuncios coinciden con denuncias de que agentes de la CIA han participado en operativos de seguridad en suelo mexicano sin autorización del Gobierno federal, algo prohibido por la Constitución.
La presidenta Sheinbaum ha sido enfática en su postura, afirmando: ‘Si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político’. Refiriéndose a su conversación con su homólogo estadounidense, la mandataria la calificó de ‘cordial y excelente’. En tanto, Terrance Cole, titular de la DEA, advirtió que la acusación contra Rocha es ‘solo el comienzo de lo que está por venir en México’.
El Gobierno de Sheinbaum ha elevado la defensa de la soberanía nacional a máxima prioridad, exigiendo a Washington la presentación de pruebas contundentes y apelando a la reciprocidad, al recordar que Estados Unidos ha negado a México la extradición de 36 personas por falta de evidencias. Funcionarios cercanos a Palacio Nacional confirman la convicción de la presidenta de que estas maniobras de EE. UU. son actos de injerencia extranjera y parte del cálculo electoral de Trump. A pesar de defender la soberanía, Sheinbaum ha dejado claro en reuniones internas con Morena, PT y PVEM que su administración no protegerá a nadie, buscando marcar un límite a la intromisión de Washington y reivindicar la posición de México como un interlocutor en igualdad de condiciones para cooperar sin someterse.
El panorama
La detención de Mérida y Díaz Vega no solo representa un golpe directo al círculo cercano de Rocha Moya y al partido Morena, sino que subraya la complejidad de la relación bilateral entre México y Estados Unidos en la lucha contra el crimen organizado. Con ambos países avanzando en sus propias investigaciones y posturas diplomáticas, el ‘caso Rocha’ se perfila como un campo de batalla clave que definirá los límites de la cooperación internacional y la defensa de la soberanía nacional en los años venideros, mientras la madeja de la política corrupta sigue destejerse.
