La gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, ha desmarcado categóricamente al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya de la controvertida designación del general en retiro Gerardo Mérida Sánchez como secretario de Seguridad Pública estatal en 2023. La mandataria afirmó el sábado 17 de mayo de 2026, que dicha decisión provino directamente de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en un intento por aclarar responsabilidades tras la detención de Mérida Sánchez en Estados Unidos y las graves acusaciones de narcotráfico que pesan sobre él y otros exfuncionarios sinaloenses.
La declaración de Bonilla surge en un momento de alta tensión política, luego de que el viernes previo se revelara la detención de Mérida Sánchez por autoridades estadounidenses. El general, quien fungió como titular de Seguridad en Sinaloa entre septiembre de 2023 y diciembre de 2024, fue arrestado el lunes 11 de mayo en el cruce fronterizo de Nogales tras ingresar a EE.UU. desde Hermosillo. Fuentes periodísticas sugieren que Mérida Sánchez podría haberse entregado buscando un acuerdo de testigo cooperante, en respuesta a la acusación formal emitida por la Fiscalía del Distrito Sur a finales de abril.
Esta acusación es contundente: imputa a Mérida Sánchez cargos por asociación delictuosa para la importación de narcóticos, incluyendo fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina, así como posesión y conspiración para poseer armamento de guerra. La Fiscalía estadounidense detalla que el exsecretario habría recibido más de 100 mil dólares mensuales en sobornos de ‘Los Chapitos’, la facción vinculada a los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán. A cambio, presuntamente ordenaba a la policía estatal no interferir con sus operaciones, perseguir a grupos rivales, filtrar información vital sobre investigaciones federales y alertar sobre operativos militares y cateos. Solo en 2023, se le atribuye haber prevenido al menos 10 redadas, permitiendo al grupo criminal evadir la justicia.
Yeraldine Bonilla enfatizó: ‘Hay que aclarar que el general Mérida no fue una decisión del gobernador con licencia, sino una decisión de la propia Sedena que lo envía al estado de Sinaloa como Secretario de Seguridad Pública del Estado’. Esta declaración busca deslindar a Rocha Moya de cualquier responsabilidad directa en la selección de Mérida, cuya condena podría significar una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión, o incluso cadena perpetua, además del decomiso de bienes.
Al ser cuestionada sobre el impacto de estas investigaciones en la administración estatal, Bonilla Valverde fue enfática en asegurar que la situación no ha afectado la operatividad gubernamental. ‘Decirle a los sinaloenses que para nada afecta a nuestro estado, para nada representa algún daño al estado, nosotros seguimos trabajando, seguimos invirtiendo en el estado y en los municipios’, sostuvo. La gobernadora interina admitió no tener información oficial adicional sobre los casos de Mérida Sánchez y Enrique Díaz Vega, otro exfuncionario que se habría entregado a las autoridades estadounidenses. ‘No tengo información, sé lo mismo que ustedes, lo que se ha comunicado en redes sociales’, declaró a los medios.
Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas, también es señalado en la acusación como presunto enlace directo entre ‘Los Chapitos’ y el entonces gobernador Rocha Moya, facilitando la designación de funcionarios corruptos para proteger las operaciones del cártel. Los fiscales estadounidenses incluso lo vinculan con actos violentos durante la elección de Rocha Moya en 2021, al supuestamente entregar una lista de adversarios políticos a ‘Los Chapitos’ para que fueran secuestrados y obligados a retirarse de la contienda.
El panorama legal y político en Sinaloa se mantiene complejo y en constante evolución. Las investigaciones desde Estados Unidos continúan desvelando presuntas redes de corrupción y narcotráfico que alcanzan esferas gubernamentales, poniendo a prueba la transparencia y la rendición de cuentas en la entidad. La expectativa ahora se centra en el desarrollo de los procesos judiciales en EE.UU. y las posibles repercusiones en el ámbito político nacional, mientras la administración interina de Sinaloa busca mantener la estabilidad en un escenario de creciente escrutinio.
