La bancada de Morena en la Cámara de Diputados de México se encuentra en el ojo del huracán tras las recientes y graves imputaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Las acusaciones por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, reveladas el 29 de abril de 2026, han encendido un debate crucial sobre la procedencia de un juicio de desafuero, generando inquietud entre los legisladores del partido en la Ciudad de México.
El presidente de la Sección Instructora, Hugo Eric Flores, confirmó que la noticia ha causado revuelo al interior de la bancada. ‘Desde luego es una imputación grave. Y tampoco hay que ser un genio para saber de dónde vienen las imputaciones, pues están más o menos marcadas. Ya me estaban preguntando algunos compañeros si procedería un juicio para quitarle el fuero al gobernador’, reveló Flores, evidenciando la incertidumbre legal y política que rodea el caso.
‘Se me acercaron ya varios compañeros a preguntarme. Y, pues, lo primero que yo les dije ‘algunos de ustedes ya estuvieron aquí cuando (el desafuero de Francisco García) Cabeza de Vaca. Los fueros constitucionales federales los quita el Congreso Federal. Los fueros constitucionales locales, que es el caso, los quitan los congresos de los estados. Se recordarán que acá, desde mi punto de vista también jurídico, no político, se le quitó el fuero al (ex) gobernador de Tamaulipas en ese entonces. ¿Pero por qué no procede? Porque el fuero se lo tenía que quitar el Congreso local, no el Congreso Federal’’, explicó el legislador.
No obstante, la Constitución en su artículo 111 establece que, para proceder por delitos federales contra gobernadores, la Cámara de Diputados debe realizar primero un juicio de procedencia para retirar la inmunidad, y así comunicar a las legislaturas locales para que estas procedan conforme a sus atribuciones. Esta disposición genera un punto de debate sobre el alcance de las facultades federales en el proceso de desafuero de un ejecutivo estatal.
En contraste, Flores señaló que para el senador Enrique Inzunza, también de Morena y mencionado en las imputaciones, sí procedería su desafuero por parte de la Cámara de Diputados, siempre y cuando la Fiscalía General de la República o la fiscalía de Sinaloa inicien una investigación y presenten la solicitud correspondiente. Esta distinción subraya la complejidad del marco legal mexicano.
El caso de Rocha Moya tiene un antecedente político reciente: el 24 de octubre de 2024, Morena lo defendió en una reunión en la Cámara de Diputados, donde sus correligionarios le gritaron ‘¡no estás solo, no estás solo!’. Este respaldo previo añade una capa de presión y escrutinio sobre la postura actual del partido.
El panorama
Las imputaciones del Departamento de Justicia de EU y el subsiguiente debate sobre el desafuero de Rubén Rocha Moya ponen a Morena en una situación delicada. El impacto político es innegable, con acusaciones que incluso han llevado a la dirigencia del PRI a pedir sanciones para el partido guinda y el retiro de su registro. La resolución de este caso sentará un precedente importante sobre la aplicación del fuero constitucional y la relación entre las autoridades mexicanas y las acusaciones internacionales, marcando un capítulo crucial en la política nacional.
