La Suprema Corte de Estados Unidos autorizó este lunes 9 de noviembre al gobierno de Donald Trump reanudar la construcción del muro fronterizo en la región de Big Bend, en Texas, una zona que colinda con Chihuahua y Coahuila y que hasta ahora se había mantenido prácticamente sin barreras.
La decisión, dada a conocer a primera hora de la tarde (alrededor de las 14:30 horas, tiempo del centro de México), consiste en una orden de emergencia que suspende la medida cautelar dictada el 2 de octubre por una jueza federal del Distrito Oeste de Texas. Esa medida había bloqueado las obras mientras se resuelve el fondo de la demanda.
De acuerdo con la agencia AP, la mayoría de los ministros votó a favor de pausar la decisión del tribunal inferior, con el voto en contra de la jueza Ketanji Brown Jackson. En su resolución, la Corte consideró que el gobierno tiene altas probabilidades de ganar su argumento de que la jueza de primera instancia carecía de jurisdicción, ya que la ley limita de manera estricta la intervención de los tribunales en este tipo de decisiones.
La suspensión no resuelve el litigio de fondo: se mantendrá mientras el gobierno lleva el caso ante el máximo tribunal, según reportó la cadena Fox.
Qué se construirá
Los planes del gobierno estadounidense incluyen muros de acero de unos nueve metros de altura en algunos tramos, además de barreras vehiculares y nuevos caminos. La orden judicial ahora suspendida abarcaba el Parque Nacional Big Bend y terrenos estatales y privados a lo largo del río Bravo.
Según AP, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) ha levantado alrededor de 12 millas (unos 19 kilómetros) de barreras por semana a lo largo de toda la frontera, con recursos aprobados por el Congreso por 46 mil millones de dólares.
Las posturas
La demanda fue promovida por un guía de río, una organización ambientalista y un grupo dedicado a preservar una iglesia histórica en Ruidosa, Texas, quienes impugnaron la decisión del Departamento de Seguridad Nacional de dispensar requisitos ambientales y de conservación para las obras.
Los opositores sostienen que el muro es un gasto innecesario en una zona con cruces irregulares históricamente bajos, que amenaza el paisaje y la economía local, y que tecnología de vigilancia como drones podría cumplir la misma función. La oposición al proyecto en la región es bipartidista.
Por su parte, los abogados del gobierno federal argumentaron que la jueza se excedió en sus facultades y que dejar un hueco en el muro podría desviar el tránsito de migrantes y de drogas hacia Big Bend. Según la resolución, un funcionario de CBP afirmó que la medida cautelar le costaba al gobierno casi 500 mil dólares diarios en gastos no recuperables.
Hasta el momento no se ha dado a conocer una postura del gobierno de México sobre la resolución.