El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, informó este lunes 9 de noviembre de 2026 que su administración ha tenido que separar de su cargo a un servidor público cada dos días, en promedio, por incumplimientos u omisiones en sus funciones.
El dato se presentó en la conferencia de prensa matutina en Casa Puebla, como parte del informe de rendición de cuentas 2025-2026 de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. Según la dependencia, en lo que va del sexenio suman 315 servidores públicos separados de sus cargos.
No todas las bajas son por corrupción
El titular de la Secretaría, Alejandro Espidio Reyes, aclaró que una separación del cargo no equivale necesariamente a una sanción por corrupción. Entre las causas mencionó la terminación de nombramientos, el abandono del empleo, el incumplimiento de obligaciones laborales y las destituciones derivadas de procedimientos de responsabilidad administrativa.
El funcionario aseguró que ninguna queja queda sin atender y que cada sanción que se impone se sustenta en pruebas.
Procedimientos y sanciones
De acuerdo con la información presentada, la Secretaría ha turnado 59 procedimientos por faltas graves al Tribunal de Justicia Administrativa: 41 en 2025 y 18 en 2026. Los motivos más frecuentes son el desvío de recursos, con 25 casos, y el abuso de funciones, con 22. También hay expedientes por uso indebido de recursos públicos, cohecho, nepotismo, peculado, desacato y uso de información falsa.
En el mismo periodo se emitieron 48 resoluciones sancionatorias: 27 amonestaciones privadas, tres suspensiones y 18 destituciones. De estas últimas, 14 incluyeron inhabilitación y dos ordenaron el reintegro de recursos. En 2026, el Tribunal ha impuesto 13 sanciones por faltas graves.
Seguridad y Educación, las áreas con más casos
Según el reporte, Seguridad Pública y Educación concentran la mayor parte de las bajas, aunque no se dieron cifras por dependencia. En el área de seguridad se reportaron inasistencias, detenciones ilegales, consumo de alcohol en servicio, solicitud de dádivas, uso de documentos apócrifos y agresiones a personas privadas de la libertad.
En el sector educativo, los casos incluyen abandono de empleo, hostigamiento y acoso sexual, maltrato escolar, acoso laboral y falta de probidad.
La Secretaría indicó además que revisa posibles irregularidades en contrataciones, proveedores y licitaciones, incluida la presentación de documentos alterados en concursos estatales. Las sanciones por faltas graves se hacen públicas cuando las resoluciones quedan firmes.
«Ningún gobierno está exento»
Armenta sostuvo que ningún gobierno está exento de conductas indebidas entre su personal y que combatirlas corresponde al Ejecutivo. También se refirió a la inestabilidad política que vivió el estado en años anteriores, con varios cambios de gobernador en un mismo sexenio.
Para presentar quejas, el gobierno estatal remitió a la plataforma Prointegridad y al Sistema Estatal de Servidores Públicos y Particulares Sancionados. En la información difundida no se nombró a ninguno de los funcionarios separados ni se precisó cuántas de las 315 bajas corresponden a cada causa.