La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno dio a conocer que los funcionarios vinculados por corrupción suman 53 en lo que va de la actual administración federal. Los servidores públicos enfrentan procesos penales tras la presentación de diversas denuncias ante el Ministerio Público de la Federación por conductas presuntamente ilícitas.
Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la titular de la dependencia, Raquel Buenrostro, presentó el balance integral de fiscalización. En dicho informe se enfatizó que las acciones institucionales no solo buscan el castigo penal, sino también la prevención y la recuperación de recursos del erario público.
Balance oficial: funcionarios vinculados por corrupción y denuncias ante la FGR
En el ámbito penal, la dependencia gubernamental ha promovido un total de 517 denuncias formales ante la Fiscalía General de la República. De estas carpetas de investigación, los jueces han determinado vincular a proceso a más de medio centenar de exfuncionarios y servidores en activo.
Los principales delitos imputados en las indagatorias federales corresponden a:
- Enriquecimiento ilícito y desvío flagrante de recursos gubernamentales.
- Uso indebido de atribuciones y facultades en la función pública.
- Operaciones con recursos de procedencia ilícita y esquemas de lavado.
- Fraude, peculado y conflicto manifiesto de intereses.
Sanciones administrativas a servidores públicos y empresas privadas
Más allá del ámbito estrictamente penal, el informe reveló la aplicación de 4 mil 193 sanciones administrativas contra personal público. De dicho universo, 3 mil 528 correspondieron a faltas no graves, mientras que 665 casos fueron catalogados como infracciones graves que ameritaron medidas más severas.
Asimismo, se dio vista al Tribunal Federal de Justicia Administrativa de mil 737 expedientes, logrando hasta la fecha 87 resoluciones sancionatorias notificadas. En lo que concierne al sector privado y personas morales contratistas, se aplicaron sanciones ejemplares:
- Inhabilitación y aplicación de multas económicas a 222 empresas proveedoras.
- Imposición de sanciones financieras exclusivas a otras 64 personas morales por diversas irregularidades.
- Multas que ascienden a más de 147 millones de pesos derivadas de incumplimientos contractuales y simulación técnica.
- Aplicación de multas adicionales por 118.5 millones de pesos a 51 particulares por faltas en el manejo de datos.
Ahorro preventivo y protección del erario público
La estrategia anticorrupción gubernamental ha puesto especial énfasis en la contención previa del gasto irregular. De acuerdo con las cifras oficiales, el mecanismo de monitoreo permitió proteger cerca de 84 mil millones de pesos que estaban en riesgo de fugas financieras.
Dicho resguardo presupuestal se desglosa en los siguientes ejes operativos:
- 42 mil 200 millones de pesos derivados del estricto seguimiento a la administración de contratos públicos.
- 29 mil millones de pesos mediante la optimización y consolidación de mejores compras gubernamentales.
- 7 mil 800 millones de pesos por eficiencia operativa y reestructuración en la organización pública.
- 4 mil 800 millones de pesos captados a través de las sanciones económicas aplicadas.
Con estos resultados, la federación sostiene que el combate a la impunidad se consolida como una política transversal que combina la vía penal con la contención administrativa.
