La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México anunció este lunes, 18 de mayo de 2026, el bloqueo preventivo de las cuentas bancarias de diez funcionarios y exfuncionarios del estado de Sinaloa. Esta drástica medida surge casi tres semanas después de que el Gobierno de Estados Unidos los acusara públicamente de narcotráfico y de mantener lazos con el poderoso Cártel de Sinaloa, lo que intensifica la tensión diplomática entre ambas naciones.
Acción Preventiva y Reacciones de los Acusados
El organismo, adscrito a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), comunicó que la decisión se tomó ‘con carácter estrictamente preventivo’ y tiene como fin primordial ‘proteger la integridad del sistema financiero nacional’. La UIF enfatizó que estas acciones ‘no constituyen una determinación definitiva ni implican la acreditación de responsabilidad alguna, sino acciones preventivas de carácter administrativo’, asegurando que los afectados disponen de ‘los medios de defensa y garantías previstos en la legislación aplicable’.
Entre los señalados por el Departamento de Justicia de EE.UU. se encuentran figuras prominentes como Rubén Rocha, actual gobernador de Sinaloa; Enrique Inzunza, senador; Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas del estado; Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad, y diversos mandos policiales. Todos los involucrados han rechazado categóricamente los cargos.
Pocos días después de que se hiciera pública la acusación estadounidense, el gobernador Rocha solicitó licencia para separarse temporalmente de su cargo, con el objetivo de facilitar las investigaciones. Por su parte, el senador Inzunza ha insistido en su inocencia, afirmando en redes sociales que atenderá ‘cualquier requerimiento’ de las autoridades mexicanas. En un giro reciente, Gerardo Mérida Sánchez fue detenido la semana pasada por autoridades de Estados Unidos tras ingresar al país por Arizona, y actualmente espera una nueva audiencia judicial en Nueva York el 1 de junio.
Postura Presidencial y Desafíos Bilaterales
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, abordó el tema durante su conferencia de prensa del lunes, declarando que ‘no hay ningún riesgo’ en que los funcionarios y exfuncionarios acusados se entreguen en Estados Unidos. No obstante, la mandataria fue enfática al insistir en que el Gobierno estadounidense ‘debe presentar pruebas de sus señalamientos’. Sheinbaum aseguró que, si Estados Unidos presenta esas evidencias, México ‘no protegerá a quien haya cometido un delito’, subrayando el compromiso con la justicia. El panorama político se complica dado que Rocha y otras personas señaladas son militantes de Morena, el partido de la presidenta Sheinbaum. Esta situación exacerba un periodo ya tenso entre México y Estados Unidos en temas de seguridad y combate al crimen organizado. Mientras Washington critica a México por no hacer lo suficiente, el gobierno mexicano defiende sus acciones y subraya la importancia del respeto a su soberanía en cualquier cooperación. La evolución de estas acusaciones y las respuestas judiciales y diplomáticas serán clave para el futuro de las relaciones binacionales.
