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Sheinbaum vs. las ‘Jubilaciones de Oro’: Kenneth Smith, Velázquez, Chapa y Sánchez pierden pensiones millonarias

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CIUDAD DE MÉXICO.— El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha destapado una olla de ‘jubilaciones de oro’, revelando los nombres de exfuncionarios que percibían pensiones mensuales superiores al millón de pesos, montos que ahora verán reducidos tras la reciente aprobación de la reforma al Artículo 127 Constitucional en el Senado. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno hizo pública esta lista este sábado 14 de marzo de 2026, cumpliendo la promesa de poner fin a los privilegios del ‘viejo régimen’ en aras de la austeridad republicana, la justicia y la rendición de cuentas.

Millones para unos pocos: los nombres detrás de las pensiones exorbitantes

La base de datos, obtenida de empresas estatales como Luz y Fuerza del Centro (LyFC), Petróleos Mexicanos (Pemex), Banco Nacional del Comercio Exterior (Bancomext), Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), Banco Nacional de Crédito Rural (Banrural), Comisión Federal de Electricidad (CFE), y Nacional Financiera (Nafin), detalla cómo exservidores públicos gozaban de ingresos pensionales que eclipsaban por mucho el salario de la propia mandataria. Cuatro figuras destacan en este listado por percibir pensiones mensuales superiores al millón de pesos, acumulando en conjunto 51 millones 114 mil 316 pesos y 32 centavos el año pasado.

Los señalados con los montos más elevados son:

  • Kenneth Sydney Smith Jacobo: 1 millón 37 mil 290 pesos y 88 centavos mensuales.
  • Edgar Velázquez Butón: 1 millón 37 mil 341 pesos y 1 centavo mensuales.
  • Jorge Evodio Chapa de la Torre: 1 millón 77 mil 533 y 13 centavos mensuales.
  • Carlos Arturo Sánchez Magaña: 1 millón 107 mil 361 pesos y 34 centavos mensuales.

Para poner en perspectiva, la presidenta Claudia Sheinbaum percibió un salario anual de dos millones 69 mil 170 pesos, lo que significa que varios de estos exfuncionarios recibían mensualmente más de la mitad de su sueldo anual. Pero estos no son los únicos casos. La extinta LyFC cuenta con 67 extrabajadores que cobraron entre 500 mil y 900 mil pesos mensuales, sumando un total anual de 563 millones 567 mil 853 pesos. Además, Proceso revisó las bases de datos y encontró que otros tres jubilados de Pemex también recibían pensiones por encima de los 900 mil pesos mensuales: Salvador Quero García (987 mil 978 pesos y 50 centavos), Jorge Ernesto Moreno Tovar (976 mil 512 y 80 centavos) y Jorge Luis Talamantes Montoya (972 mil 626 mil pesos y 98 centavos). También se identificaron dos pensionados de la CFE con más de 400 mil pesos y extrabajadores de Bancomext y Banobras con pagos superiores a los 200 mil pesos.

La difusión de los datos por parte de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno ocurre luego de que esta semana el Senado aprobó la reforma al Artículo 127 Constitucional; la dependencia emitió un comunicado donde aseguró que se ‘pone fin a las pensiones doradas. Con esta decisión histórica se eliminan privilegios que eran reminiscencias del viejo régimen y se avanza en la construcción de un buen gobierno basado en la austeridad republicana, la justicia y la rendición de cuentas’.

La secretaria Raquel Buenrostro ya había adelantado el 29 de agosto de 2025, en una presentación titulada ‘Hallazgos críticos: Pensiones exorbitantes y omisiones fiscales’, la magnitud del problema.

«Los jubilados de Luz y Fuerza del Centro reciben hasta 140 veces más que el promedio nacional. Tenemos un exservidor público que recibe más de un millón de pesos de manera mensual. Y, además, en total tenemos, por ejemplo, 33 que reciben de 700 mil a 999 mil 999 pesos; 75 de 400 mil a 699 mil y así sucesivamente. Destacan los rangos más altos. Hay nueve mil 457 extrabajadores, lo que representa 67% que reciben pensión de 100 mil a un millón de pesos mensuales, de los cuales tres mil 500 tienen una jubilación mayor a lo que gana actualmente la presidenta de México.»

El gobierno justificó la difusión de esta información, amparándose en el artículo 65 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que obliga a las dependencias a hacer públicos los listados de jubilados y pensionados, así como los montos que reciben.

El panorama: Un cambio histórico con miras al futuro

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, ha destacado que con esta reforma se prevé un ahorro de cinco mil millones de pesos, recursos que podrían ser reorientados a programas sociales. Aunque se anticipan posibles recursos legales, Castillo Juárez afirmó que la Constitución Política es ‘muy clara’ al respecto. Por su parte, Óscar Cantón Zetina, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, aclaró que la modificación no es retroactiva en el sentido de que no se exigirá la devolución del dinero ya cobrado por los beneficiarios de estas cuantiosas pensiones, sino que se aplicará hacia adelante, topando las futuras percepciones al salario del titular del Ejecutivo Federal. Es importante señalar que las pensiones de las Fuerzas Armadas quedaron excluidas de esta discusión. Mientras la pensión promedio mensual en México oscila entre seis mil 600 y ocho mil 400 pesos para la mayoría de los trabajadores, esta reforma marca un antes y un después en la administración de los recursos públicos, buscando una mayor equidad y transparencia en el país.

 

 

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