La advertencia lanzada por el gobernador Alejandro Armenta no es un dicho al aire. El Coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, ha confirmado que existen carpetas de investigación abiertas contra diversos presidentes municipales, tanto en funciones como aquellos que acaban de dejar el cargo, por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos.
En entrevista, el funcionario estatal detalló que la administración estatal no será tapadera de nadie y que las auditorías se realizarán con total rigor técnico, sin tintes políticos pero con firmeza jurídica.
El Foco: Obras Fantasma y Desvíos
García Parra explicó que las indagatorias se centran principalmente en dos rubros críticos:
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Obras Inconclusas o «Fantasma»: Proyectos que fueron pagados en su totalidad pero que físicamente no existen o presentan avances mínimos.
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Desvío de Recursos: Manejo opaco de las partidas presupuestales destinadas a seguridad, desarrollo social y servicios públicos.
“La instrucción del gobernador es clara: se tiene que revisar peso por peso. No se trata de perseguir a nadie por consigna, pero tampoco de permitir que se burlen de la gente simulando obras o inflando costos”, sentenció García Parra.
El Caso San Andrés Cholula y Más Allá
Aunque el coordinador evitó dar nombres específicos para no entorpecer el debido proceso, sus declaraciones se dan en medio de la polémica por la obra de pavimentación en San Andrés Cholula, donde se investiga un presunto sobrecosto de 89 millones de pesos.
Sin embargo, García Parra dejó entrever que este no es un caso aislado. Varios municipios de la zona metropolitana y del interior del estado están bajo la lupa de la Auditoría Superior del Estado (ASE) y de la Secretaría de la Función Pública.
«El Que Nada Debe, Nada Teme»
El mensaje para los alcaldes es directo: quien haya actuado con transparencia no tiene nada que temer. Pero para aquellos que intentaron «maquillar» las cuentas públicas, el tiempo se les está acabando.
García Parra recordó que la ley contempla sanciones que van desde la inhabilitación para ocupar cargos públicos hasta penas de cárcel y la obligación de resarcir el daño patrimonial.
Conclusión: Fin de la Impunidad Municipal
La confirmación de estas investigaciones marca un cambio de paradigma en la relación Estado-Municipios. Ya no habrá «acuerdos políticos» para solapar desfalcos a cambio de gobernabilidad.
Con José Luis García Parra como portavoz de esta política de fiscalización, el gobierno de Armenta envía una señal clara: la autonomía municipal no es sinónimo de impunidad.
