Salud
A través de un documento enviado al Congreso de la República, la Defensoría del Pueblo en cabeza de Iris Marín Ortiz expuso varias preocupaciones con relación al proyecto de reforma a la salud que discutirá el Legislativo en los próximos días.
En el documento, la Defensoría señaló que no están claros los mecanismos que garantizan la sostenibilidad fiscal de la reforma y, por consiguiente, del derecho a la salud.
Por tal razón, se propuso que en el proyecto de ley se prevea que el Departamento Nacional de Planeación deberá realizar un informe que cuente con un diagnóstico acerca del costo de la reforma propuesta y de la capacidad del Estado para asumirlo.
Según se explicó, dicho informe no reemplazaría el concepto emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, sino que por el contrario lo fortalecería.
“Consiste en un informe que debe ser auditado por organismos técnicos de carácter independiente y, para su formulación se debe prever la participación de asociaciones de usuarios y organizaciones de la sociedad civil”, señaló la Defensoría.
Por otra parte, la institución señaló que existe
dudas sobre si los dos años establecidos para la transición son suficientes para que el cambio se dé sin traumatismos.
En el documento, además se detalló que hay que enfatizar en el hecho de que al trasformarse las EPS en Gestoras de Salud, se elimina buena
parte de las responsabilidades en el aseguramiento, y se les encargan aspectos puntuales de la gestión operativa y del riesgo en salud.
Por lo anterior, precisó la Defensoría del Pueblo, que conviene revisar, analizar y discutir a profundidad cómo, en qué condiciones y sobre qué entidades se distribuye el núcleo de las funciones y las responsabilidades de eficiencia y del riesgo financiero, de manera que el diseño de pesos, contrapesos y controles quede claro para la totalidad de la ciudadanía y de las instituciones.
Es preciso mencionar, que hace algunas semanas, también por medio de una carta enviada al presidente de la cámara alta del Congreso de la República Efraín Cepeda Sarabia, un grupo de 10 exministros solicitaron la no aprobación del proyecto.
De acuerdo con los exaltos funcionarios, la
aprobación dada el pasado 6 de marzo en segundo debate, al proyecto de ley 312 de 2024 por parte de la mayoría de la Cámara de Representantes, es un hecho “desafortunado y peligroso”.
Lo anterior, toda vez que consideran que el proyecto mantiene sin cambios los elementos fundamentales y estructurales que el Gobierno Nacional presentó originalmente hace dos años ante el Congreso, y que no responden a las necesidades del sistema de salud ni solucionan los retos que el mismo enfrenta.
“Nuevamente la mayoría de los representantes aprobaron artículos en bloque, sin mucho análisis, sin discusiones basadas en la evidencia técnica y cientifica, sin escuchar y atender a las múltiples voces expertas que se han manifestado públicamente en contra y han señalado los inconvenientes de los textos contenidos en el mencionado proyecto”, anotaron.
En esa línea, precisaron que otra vez la
manera como se ha llevado a cabo la votación, en especial en los últimos dias, “falsea lo que debe ser un diálogo democrático, amplio y transparente como el que necesita una reforma a un sistema que protege y regula un derecho irrenunciable y fundamental como el del seguro de salud establecido en el ordenamiento constitucional”, puntualizaron.
