Salud
La crisis financiera en el sector salud colombiano sigue agudizándose. Según el más reciente Estudio de Cartera de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), con corte a junio de 2024, las deudas de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) hacía 225 Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) alcanzaron los $18,9 billones, representando un incremento del 12,8% frente a diciembre de 2023 y de más de $2,1 billones en comparación con el mismo periodo del año anterior.
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El informe evidencia no solo un aumento del valor de la deuda, sino también de su morosidad, que pasó de representar el 54% al 55% del total en apenas seis meses.
Esto implica que más de $10,4 billones de la deuda están vencidosgenerando serias afectaciones en la operación de las IPS y en la calidad de la atención a los pacientes.
La deuda está ampliamente en el Régimen Contributivo, que acumula $9,4 billones (50% del total), seguido por el Régimen Subsidiado con $4,7 billones (25%) y los deudores estatales, que incluyen entes territoriales, la Adres y el extinto Fosyga, con $1,7 billones (9,2%).
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Entre las EPS, Nueva EPS lidera como el mayor deudor, con una cartera total de $4,2 billones y una morosidad del 53%. Le siguen Medimás, en proceso de liquidación, con $579.000 millones de deuda, todos en mora (100%), y Sanitas, con $486.300 millones en mora (39,3%).
Otras EPS como Emssanar con $425.000 millones en mora, es decir el 65% y las obligaciones estatales de la Adres y el Fosyga con $415.000 millones en mora, un 69,3%, completan el listado de los cinco principales deudores.
Las 10 mayores entidades deudoras acumulan una deuda total de $9,8 billones, representando el 51,5% del total de la cartera y el 55,9% de la cartera morosa ($5,8 billones).
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Regímenes
Las EPS del Régimen Contributivo adeudan $9,4 billones con una morosidad del 53,1%. Nuevamente, Nueva EPS encabeza la lista, con $3,6 billones en cartera total y una mora del 53,3%. Le sigue Sanitas, con una deuda de $1,2 billones y una morosidad del 39,3%.
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En el Régimen Subsidiado, las deudas suman $4,7 billones de pesos, con una preocupante morosidad del 65,1%. Emssanar, con $653.000 millones en deuda y $423.000 millones en mora, es la mayor deudora de este segmento. Le siguen Savia Salud ($641.000 millones), Nueva EPS ($627.000 millones), Asmet Salud ($426.000 millones) y Coosalud ($286.000 millones, de los cuales $155.000 están en mora).
Este grupo de cinco EPS representa el 73,9% del total de la deuda de las EPS en operación, lo que refleja una concentración peligrosa de los pasivos en pocas entidades.
Entre las EPS bajo medidas de vigilancia especial o programas de recuperación, que incluyen nueve entidades, las deudas superan los $8 billones, equivalentes al 69,1% del total de las obligaciones de las EPS en operación. En este grupo destacan Capresoca y Asmet Salud, con morosidades del 76,2% y 74,8%, respectivamente.
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El informe también resalta que Nueva EPS presentó el mayor aumento absoluto en su cartera total entre diciembre de 2023 y junio de 2024, con un incremento de más de un billón de pesos (33,2%). Sanitas y Emssanar también mostraron aumentos significativos de $253.000 millones (25,6%) y $107.000 millones (19,6%), respectivamente.
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Medidas urgentes propuestas por la ACHC
Ante esta situación, la ACHC emitió un llamado urgente al Gobierno Nacional y a la Superintendencia de Salud para implementar soluciones inmediatas que garanticen la sostenibilidad del sistema asistencial.Entre las medidas propuestas destacan el fortalecimiento del Giro Directo donde sugieren que las EPS sean obligadas a destinar el 100% de los recursos disponibles a la prestación de servicios, eliminando la práctica de limitarse al mínimo requerido del 80%.
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Así mismo, piden una modificación de prelaciones redirigiendo los flujos hacia la red hospitalaria independiente para evitar concentraciones en entidades de integración vertical. Además la implementación de alternativas financieras, que incluyen la compra de cartera, líneas de crédito de Findeter, liberación de reservas técnicas y reorientación de recursos del IVA social.
El director general de la ACHC, Juan Carlos Giraldo Valencia, también solicitó a la Superintendencia de Salud acelerar las intervenciones y garantizar el flujo de recursos hacia las IPS, priorizando el uso de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para su propósito original.
Insisten en que la crisis financiera de las IPS no solo afecta la atención a los pacientes, sino también a cerca de un millón de trabajadores del sector y a los proveedores de insumos, medicamentos y tecnología.
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“La sostenibilidad del sistema de salud depende de acciones inmediatas. La falta de liquidez pone en riesgo no solo los servicios esenciales, sino también la vida de los pacientes que dependen de nosotros”, señala la misiva dirigida al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y al superintendente, Giovanny Rubiano.
