Salud
En el marco de la sesión técnica que se llevó a cabo en la Corte Constitucional ayer con motivo de estudiar el cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), los principales actores de la política colombiana expusieron los motivos por los que el indicador en salud se definió así para este año.
Cabe recordar que la UPC para 2024, esta unidad se fijó en un valor diario de $4.011,35 para el régimen contributivo y de $3.489,10 para el subsidiario.
(Vea: Así se vivió sesión clave en la Corte Constitucional para estudiar cálculo de la UPC).
Dentro del debate en la Corte, el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, fue el primero en intervenir recordando cómo se hizo el cálculo de la UPC y además añadió que sistema se construye a partir de unos indicadores actuariales.
“Desde 2001, la UPC ha estado por encima de los rangos de inflación. En 2023, fue de casi el 7%, este incremento ha sido importante tanto en el régimen contributivo como en el subsidiado”indicó.
Así mismo, dijo que los recortes entregados por las EPS del régimen contributivo no superaron los parámetros de calidad y que se considera que la información empleada para calcular la UPC es representativa.
Sin embargo, la Corte insistió en que de acuerdo a sus valoraciones el “Gobierno no ha demostrado” que el valor de la UPC sea suficiente para cubrir los gastos de loa servicios y tecnologías en salud.
De acuerdo con la Sala, la insuficiencia de la UPC ha venido debilitándose con el paso del tiempo, y para el 2023 el déficit estaría cercano a los $2,7 billones, tomando un gasto de administración del 5%.
Ahora bien, en medio del encuentro el ministro Jaramillo aceptó que el valor de este indicador de la salud debía revisarsepara mirar a detalle porque “ya hoy solamente las enfermedades crónicas, de alto costo, huérfanas, llevan casi el 20% de los recursos. Suman cerca de un 15% o más”.(Vea: Reacciones a la caída del proyecto de reforma a la salud en el Senado).
Igualmente, Diana Margarita Ojeda, procuradora delegada para Asuntos de Trabajo y Seguridad Social explicó que respecto al anuncio de la liquidación de las EPS, se espera que esta no se dé, pues sería grave para la garantía de los derechos fundamentales de casi 28 millones de personas.
“Nuestra labor es que se garantice el derecho fundamental a la salud. En eso estamos trabajando y en que ante toda la crisis que se está presentando con los últimos acontecimientos, no se caiga en un estado de cosas inconstitucionales, donde se dejen de atender pacientes, se genere pánico e incertidumbre”, dijo Ojeda.
Detalló que respecto a la situación a la medida de la Supersalud, que asumió que la intervención no fue legal, la procuradora encargada dijo que una vez se acercaron a la Superintendencia se encontraron los mismo documentos.
“¿Dónde están esos soportes? Muéstrenlos. Tiene que estar firmado, tiene que haber un estudio que justifique esa intervención y no lo encontramos”concluyó.
(Vea: ¿Qué pasará con los usuarios de Sanitas tras la intervención de la Supersalud?).
Diana K. Rodríguez T.
Portafolio impreso
