Salud
El presidente Petro se ha salido con la suya y por vía administrativa. Bajo su total responsabilidad, como él mismo ha indicado a sus funcionarios, el Gobierno comenzó a hacer efectivo el “reordenamiento” del sistema de salud que ha defendido desde siempre.
En menos de 72 horas, la intervención forzosa de la Supersalud a las dos EPS más grandes del país y la decisión de Compensar, que pidió de manera voluntaria su liquidación, incapaz de encarar sus pérdidas mensuales, acercan al Estado a manejar a más de la mitad del total de afiliados de la población.
En apariencia, se podría decir que ha sido un logro del Ejecutivo. Sin embargo, el diablo suele estar en la letra pequeña y no es el momento de cantar victoria si se consideran las enormes dificultades que traerá consigo mantener a flote un sistema lastrado por una profunda crisis financiera incubada desde tiempo atrás. Eso es indudable, pero también lo es que esta administración, convencida como está de que la salud es un negocio manejado por unos “hiperricos nacionales y extranjeros” que se “roban el dinero público por decenas de billones”, como lo ha señalado el propio jefe de Estado, no ha hecho demasiado por encontrar soluciones concertadas.
Por el contrario, su apuesta fue la de abrir las esclusas de la confrontación ideológica o sectaria sobre un sector sensible del que dependen millones de vidas, con el propósito de provocar una corriente de radicalización política que terminó por anegarlo todo. Hagamos votos para que su estrategia de intervención, ciertamente su calculado plan B en respuesta al hundimiento de la reforma a la salud, por el bien de los ciudadanos, sobre todo los enfermos crónicos, no acabe arrastrada por la inundación.
Es tanta la incertidumbre entre los desconcertados usuarios, los de las EPS intervenidas y los que piensan que serán los próximos en ser parte del redil de la estatización de la salud, que no será sencillo cumplir con las altas expectativas que han generado.
Por sus antecedentes, como alertó la Contraloría General hace poco más de un año, la capacidad de gestión de la Supersalud ha demostrado ser bastante limitada. De modo que existen dudas razonables sobre su labor. Sin embargo, no se trata de anticipar un desastre, faltaría más, si no de que el presidente Petro, el ministro Jaramillo y el superintendente Leal entendieran que la salud de millones de personas, literal, está en sus manos. Ahora que ejercen el control casi omnímodo del sector, cada una de sus decisiones o acciones debe estar orientada bajo la experticia técnica de profesionales competentes que sepan poner en valor la respuesta a la crisis.
Es obvio que esta no se resolverá a punta de la retórica populista usada por el mandatario y sus áulicos para envenenar este debate, responsabilizando a los demás de sus propias incapacidades para cerrar acuerdos o ajustando los hechos a su interpretación de la realidad.
Tampoco lo hará la instrumentalización de datos o la tergiversación de cifras con las que buscaron exacerbar el malestar de la gente por las deficiencias en atención derivadas de la falta de recursos por deudas acumuladas y la creciente demanda de servicios y tecnologías, en particular desde pandemia, por las dolencias crónicas de pacientes. No les queda más que actuar con la máxima responsabilidad.
Nuestro sistema de salud no es malo per se, aunque así nos lo hayan machacado hasta el hartazgo para justificar su intervención. La verdad es que está desfinanciado porque lo que paga el Gobierno no alcanza a cubrir el gasto en salud de cada afiliado, la famosa UPC o Unidad de Pago por Capitación, que se actualiza cada año, pero no aumenta de acuerdo con las necesidades reales del sistema. Ahora que el dinero de la salud saldrá de un bolsillo del Estado para entrar en el otro, el ministro Jaramillo dice que es insuficiente, cambia su discurso y parece entrar en razón.
No es mal síntoma, aunque todavía habrá que esperar cómo garantizarán el derecho a la salud de los pacientes de las EPS bajo su manejo, en tanto los entes de control ponen el foco en el proceder arbitrario, a juicio de distintos sectores, del Supersalud que entró en modo defensivo, dando explicaciones que no satisfacen al delegado de la Procuraduría que le abrió investigación.
En el debate público sobre la salud, en el que Petro solo admitió su propio modelo, que se podría resumir en ‘el sistema de salud soy yo’, el país ha sido testigo de una insólita batalla a cara de perro entre el presidente y el Legislativo.
Desprovisto del principio de la autocontención o del escrupuloso respeto por las instituciones, el jefe de Estado, en otra declaración incendiaria, arremetió contra los parlamentarios, a quienes acusó de corrupción por haber archivado su reforma a la salud, lo que provocó la reacción del presidente del Congreso, Iván Name, que le pidió respeto.
Petro supura por la herida, eso es evidente, y su encono que revela una inquietante pulsión antidemocrática daña nuestro Estado de derecho. Se intenta, pero cuesta sustraerse de las luchas dialécticas que desvían la atención de lo fundamental. Un poco de paz, pero no total.
