
A seis semanas de que arranquen las precampañas federales, quienes aspiran a una candidatura en 2027 y planean anunciarse en Facebook e Instagram tienen dos frentes por atender: la vigilancia del Instituto Nacional Electoral (INE) sobre la propaganda en internet y las reglas de transparencia que Meta exige para los anuncios políticos.
El calendario
El Proceso Electoral Federal 2026-2027 comenzó en la primera semana de septiembre y la jornada electoral será el domingo 6 de junio de 2027, según el calendario publicado por el INE. De acuerdo con el comunicado del Consejo General del 24 de septiembre, las precampañas para diputaciones federales correrán del 4 de enero al 12 de febrero de 2027. Las personas que busquen una candidatura independiente tienen hasta el 13 de diciembre de 2026 para manifestar su intención.
El INE descartó reglas para la promoción anticipada
El 8 de octubre, el Consejo General del INE rechazó por siete votos contra cuatro los lineamientos que buscaban regular y fiscalizar los gastos de recorridos, eventos, propaganda y posicionamiento previos a las precampañas, según reportaron Excélsior e Informador. Era la quinta vez que se discutía la propuesta, impulsada por los consejeros Arturo Castillo, Carla Humphrey y Martín Faz.
La mayoría, encabezada por la consejera presidenta Guadalupe Taddei, argumentó que la materia ya está regulada en la ley vigente. El INE aclaró que el rechazo no limita sus facultades de fiscalización ni descarta lineamientos posteriores.
La vigilancia en internet
Ese rechazo no deja la propaganda digital fuera del radar. En su informe de avance del 18 de noviembre, el INE señaló que en las siguientes etapas del proceso habrá visitas de verificación en los distritos y «monitoreo de la propaganda en la vía pública y en Internet».
En agosto, el consejero Arturo Chávez López dijo que el Instituto trabaja en mecanismos para mejorar el monitoreo de la propaganda digital en redes sociales, con el fin de identificar pautas publicitarias con fines electorales y, en su caso, incorporarlas a la fiscalización de las campañas, según Central Electoral, el portal informativo del INE.
Lo que exige Meta
En México, Meta pide que quienes publiquen anuncios sobre elecciones, política o temas sociales completen un proceso de autorización e incluyan el aviso «Pagado por», que identifica a la persona o entidad responsable. Esos anuncios quedan durante siete años en la Biblioteca de anuncios, una herramienta pública que permite consultar quién pagó, cuánto y a quién llegó cada anuncio, de acuerdo con la información que la empresa publicó para las elecciones mexicanas de 2024.
La empresa también solicita indicar cuándo un anuncio político contiene imágenes, video o audio creados o alterados digitalmente, incluso con inteligencia artificial. Un anuncio sin la autorización correspondiente puede ser rechazado o retirado.
El contexto internacional es más restrictivo: Meta y Google dejaron de vender publicidad política en la Unión Europea por el reglamento comunitario sobre transparencia de la propaganda política, y España vive por primera vez una campaña nacional sin esos anuncios, rumbo a sus elecciones del 29 de noviembre.
Los huecos señalados
Las reglas de las plataformas no han impedido incumplimientos. Una investigación del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) documentó que, durante la veda de la elección de 2024, una muestra de 280 páginas pagó unos 129,000 dólares por 1,406 anuncios políticos en Facebook e Instagram. Meta respondió que la responsabilidad de cumplir la ley corresponde a los anunciantes.
Otro frente es la propaganda pagada a influencers. En un informe publicado el 5 de noviembre sobre 18 países y la Unión Europea, IDEA Internacional advirtió vacíos legales para detectar ese tipo de propaganda encubierta, que con frecuencia no pasa por los canales de publicidad de las plataformas, según la síntesis difundida por el propio INE.
Para aprender
Meta ofrece cursos gratuitos sobre su plataforma de anuncios en Meta Blueprint. La certificación oficial, en cambio, requiere un examen con costo.
