
Un gran jurado federal en Del Río, Texas, acusó formalmente a 21 presuntos integrantes de La Nueva Familia Michoacana, entre ellos sus líderes, los hermanos Johnny y José Alfredo Hurtado Olascoaga, por delitos que van del narcotráfico al apoyo material a una organización terrorista extranjera. La acusación fue anunciada el viernes 20 de noviembre de 2026 por el fiscal federal del Distrito Oeste de Texas, Justin R. Simmons, según coinciden Infobae, Univision, La Nación (con información de AFP) y UnoTV.
Los cargos
El expediente reúne 14 cargos: asociación delictiva bajo la ley RICO, conspiraciones para distribuir cocaína, heroína y metanfetamina, transporte de extranjeros con resultado de muerte, contrabando de mercancías desde Estados Unidos, tráfico de armas, lavado de dinero y apoyo material a una organización terrorista extranjera. Washington designó a La Nueva Familia Michoacana como tal el 20 de febrero de 2025.
Las penas máximas previstas llegan a cadena perpetua. Los medios difieren en el desglose: Infobae indica que 19 acusados enfrentan esa posibilidad y dos hasta 20 años de prisión, mientras Univision y UnoTV refieren rangos de diez años a cadena perpetua y, para algunos cargos, hasta 20 años.
Detenidos y prófugos
Cinco de los acusados están bajo custodia; los otros 16 permanecen prófugos y, según Univision y UnoTV, probablemente se encuentran en México. Entre las pruebas citadas por esos medios figuran el aseguramiento de 2.06 kilos de cocaína en Eagle Pass en septiembre de 2024, el decomiso de 33 armas en mayo de 2024 —con rifles calibre .50 y AR-15— y la muerte de una migrante menor de edad en marzo de 2021, vinculada al cargo de tráfico de personas.
Infobae recuerda que desde abril de 2025 el gobierno estadounidense ofrece recompensas de hasta 5 millones de dólares por Johnny Hurtado Olascoaga y de 3 millones por su hermano José Alfredo. La organización opera principalmente en la región de Tierra Caliente, entre Guerrero, el Estado de México y Michoacán.
Por qué importa
La acusación es de las primeras en combinar cargos de terrorismo con delitos tradicionales del narcotráfico contra la cúpula de un grupo criminal mexicano con presencia en estados que eligen gubernatura en 2027, como Guerrero y Michoacán, y puede derivar en solicitudes de extradición al gobierno de México. En las fuentes consultadas no constan posicionamientos de la defensa de los acusados ni del gobierno mexicano.
