La Auditoría Superior de la Federación (ASF) solicitó al Instituto Electoral del Estado (IEE) de Puebla información sobre los contratos firmados desde 2020, informó este jueves 5 de noviembre la consejera presidenta del organismo, Judith Lozano Pérez.
El mismo día, el Gobierno del Estado pidió transparentar y revisar los contratos del IEE relacionados con la compra de materiales electorales entre 2014 y 2025, por un monto que estimó en alrededor de 179 millones de pesos.
Ambos pronunciamientos se dan en el marco de la investigación federal sobre la red de proveedores electorales vinculada a los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, expuesta en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.
La respuesta del IEE
En entrevista, tras encabezar en la zona de Los Fuertes la ceremonia de arranque del proceso electoral local 2026-2027, Lozano Pérez explicó que la solicitud recibida abarca contratos a partir de 2020 y que tiene conocimiento de que habrá un segundo requerimiento sobre los últimos 25 años, el cual aún no llega al instituto.
La consejera presidenta aseguró que el IEE entregará la información que le sea requerida y colaborará con la ASF. También rechazó que la credibilidad del organismo esté en entredicho de cara a la elección.
En la jornada electoral del 6 de junio de 2027 se renovarán los ayuntamientos de los 217 municipios del estado y las diputaciones. Lozano informó además que el instituto sostendrá reuniones con la Secretaría de Seguridad Pública para coordinar la seguridad del proceso y que tiene abiertos 48 procedimientos ordinarios sancionadores.
La postura del gobierno estatal
En conferencia de prensa, el coordinador del Gabinete estatal, José Luis García Parra, respaldó la investigación del Gobierno de México sobre los contratos del INE y afirmó que «se ha destapado la cloaca de la mafia electoral» en el país.
Con datos que atribuyó a Compranet y a la Plataforma Nacional de Transparencia, el funcionario señaló que el IEE Puebla contrató 49.4 millones de pesos en materiales electorales entre 2014 y 2023, y 129.7 millones en 2024 y 2025, para un total cercano a 179.1 millones. Sostuvo que el instituto está obligado a transparentar todos sus contratos de forma completa y se comprometió a que el gobierno estatal colabore con la ASF.
Las cifras corresponden a señalamientos del funcionario y, por sí mismas, no acreditan irregularidades; su revisión corresponde a las autoridades fiscalizadoras.
Antecedente en el Congreso
El pasado 3 de noviembre, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso de Puebla, Pável Gaspar Ramírez, pidió auditar los contratos que realizó el IEE durante la gestión de Blanca Yassahara Cruz García, con atención en la empresa Comercializadora JVLY, una de las señaladas por el gobierno federal. El legislador aclaró entonces que no había pruebas firmes de daño patrimonial.