Aureliano Hernández Palacios Cardel ha sido designado como el nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), un nombramiento que se concretó el pasado 10 de marzo de 2026 con un aplastante respaldo de 472 votos en la Cámara de Diputados. Sin embargo, este casi unánime consenso despierta serias interrogantes sobre la imparcialidad de la fiscalización en México, dada la rapidez del proceso, la opacidad que lo rodeó y los cuestionables antecedentes del nuevo auditor, incluyendo sus vínculos con la presidenta Claudia Sheinbaum.
Sombras de continuidad y conexiones políticas
La llegada de Hernández Palacios al frente de la ASF, sucediendo a David Colmenares Páramo, ha encendido alertas entre los expertos en fiscalización. Su trayectoria como colaborador cercano de Colmenares, un periodo caracterizado por supuestas ‘auditorías a modo’, genera preocupación sobre la independencia y la rigurosidad con la que se auditarán los gastos federales, estatales y municipales. Además, su designación se interpreta como un puente hacia la actual administración presidencial, ya que su padre, Fernando Hernández Palacios Mirón, fungió como secretario particular de Claudia Sheinbaum Pardo durante su gestión como jefa de Gobierno de la Ciudad de México.
‘El beneficio de la duda se gana a partir de la actuación, y si su actuación como colaborador esencial de Colmenares ha sido deficiente ¿por qué pensaríamos que caerá un rayo de luz para que haga las cosas de manera distinta?’, cuestiona Marco Fernández, coordinador del programa de Anticorrupción y Evaluación en la organización México Evalúa.
La votación secreta en la Cámara de Diputados, donde Hernández Palacios obtuvo el 98% de las boletas emitidas, ha sido particularmente criticada. El flamante auditor fue escoltado por legisladores de todas las bancadas, incluido Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), lo que refuerza la percepción de un acuerdo político transversal.
‘Lo más preocupante es que fue votado por todos los partidos políticos, incluyendo la oposición. Esto nos dice que están cómodos con un auditor que no encontró observaciones al revisar el ejercicio de recursos de sus gobiernos estatales o municipales. Esto retrata un consenso y una orquesta de complicidad y de impunidad’, añade Fernández.
Estas preocupaciones no son nuevas. En octubre de 2025, Proceso reveló una denuncia anónima ante la Unidad de Evaluación y Control (UEC), que acusaba a Hernández Palacios y a Emilio Barriga Delgado de negociar con gobiernos para realizar ‘auditorías a modo’, evitando que las irregularidades culminaran en ‘pliegos de observaciones’. Dos meses después, una funcionaria de la ASF presentó una segunda denuncia, señalando ‘presuntas irregularidades consistentes en falta de transparencia, acuerdos indebidos, presión e intimidación del personal auditor y manejo discrecional de criterios de auditoría favorecimiento a entes auditados, deficiencias y riesgos institucionales’. Ambas denuncias, sin embargo, fueron archivadas por la UEC, a cargo de José Manuel del Río Virgen, por ‘ausencia de elementos’ o ‘falta de elementos’, respectivamente, sin que la segunda denunciante ratificara su testimonio.
El panorama
El nombramiento de Aureliano Hernández Palacios Cardel pone en entredicho la autonomía y la capacidad de fiscalización de la ASF en un momento crucial para la rendición de cuentas en México. La complacencia política en su elección y la sombra de auditorías ‘a modo’ plantean un desafío inminente para la transparencia y la lucha contra la corrupción, dejando a la ASF bajo un manto de sospecha que solo podrá disipar con acciones contundentes e imparciales en su gestión. La sociedad civil y los expertos estarán atentos a si este ‘consenso’ se traduce en una fiscalización efectiva o en la perpetuación de la impunidad.
