La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha ordenado el congelamiento de las cuentas bancarias del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, sus tres hijos —Rubén Rocha Ruiz, Ricardo Rocha Ruiz y José de Jesús Rocha Ruiz—, el senador Enrique Inzunza Cázarez y otros nueve implicados, sumando un total de 14 personas. Esta contundente acción se enmarca en una investigación internacional por presuntos nexos con el crimen organizado.
Acusaciones desde Nueva York y vínculos con ‘Los Chapitos’
De acuerdo con un reportaje del medio Emeequis, firmado por el periodista Jorge García Orozco, la UIF giró la instrucción a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para inmovilizar las operaciones y activos financieros en el sistema bancario mexicano de estas personas. La medida, dictada a través del Acuerdo 156/2026 de la UIF emitido el 6 de mayo de 2026, implica la suspensión total de cualquier operación bancaria y el congelamiento de sus activos, actuando como una acción preventiva en el contexto de investigaciones internacionales.
La decisión de la UIF se deriva de una acusación formal presentada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York contra Rocha Moya y nueve funcionarios sinaloenses, tanto activos como retirados. Se les imputan cargos graves, incluyendo conspiración para importar narcóticos —principalmente fentanilo, cocaína y metanfetamina— a Estados Unidos, y una estrecha colaboración con la facción de ‘Los Chapitos’ del Cártel de Sinaloa.
Los documentos estadounidenses detallan que Rocha Moya habría recibido respaldo directo de este grupo criminal para alcanzar el poder en 2021, a cambio de asegurar impunidad y protección para sus operaciones ilícitas. Los implicados enfrentan cargos que podrían derivar en penas de hasta cadena perpetua, y ya se ha mencionado una solicitud de extradición por parte de las autoridades estadounidenses.
El panorama
Este importante desarrollo sitúa a figuras clave de la política sinaloense bajo un intenso escrutinio internacional y anticipa un endurecimiento en la lucha contra la infiltración del narcotráfico en esferas gubernamentales. Aunque la UIF y la Secretaría de Hacienda no han emitido una confirmación pública oficial detallada hasta el momento, la medida preventiva ya está en marcha, sugiriendo que las autoridades mexicanas actúan en coordinación con las investigaciones de Estados Unidos para desmantelar estructuras de crimen organizado con ramificaciones políticas.
