Por unanimidad de 35 votos a favor, el Congreso del Estado de Oaxaca avaló la declaratoria de desaparición de poderes en Juchitán de Zaragoza, tras la aprehensión del presidente municipal en funciones, Miguel Sánchez Altamirano, señalado de presuntos vínculos con la delincuencia organizada y delitos de extorsión.
La determinación del Pleno legislativo respondió a la solicitud enviada con carácter de urgente por el gobernador Salomón Jara Cruz, con el propósito de restablecer la legalidad institucional, garantizar el orden público y salvaguardar la prestación ininterrumpida de los servicios básicos en la localidad istmeña.
Motivos de la desaparición de poderes en Juchitán y detención del alcalde
La intervención de las autoridades federales y estatales derivó de una orden de aprehensión cumplimentada contra el exalcalde, investigado por extorsión agravada y operaciones vinculadas al grupo delictivo conocido como Los Cromos, afín al Cártel Jalisco Nueva Generación.
Entre los fundamentos presentados ante el Congreso local para proceder con la medida destacaron:
- La imposibilidad material y jurídica del cabildo para ejercer sus funciones constitucionales.
- El riesgo inminente a la paz pública y a la estabilidad social en el municipio.
- La presunta infiltración de estructuras criminales en mandos operativos de la policía municipal.
- La urgencia de garantizar transparencia en la administración de los recursos públicos.
Designación de comisionado municipal y reestructuración de la seguridad
Con la aprobación de la desaparición de poderes en Juchitán, el titular del Poder Ejecutivo estatal designó a Francisco Vásquez Jiménez como comisionado municipal provisional, quien asumirá la representación legal y administrativa del ayuntamiento mientras se define el mecanismo de transición definitiva.
De manera simultánea, corporaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Oaxaca, en coordinación con la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina, tomaron el control total de la seguridad pública municipal y ejecutaron las siguientes acciones:
- Desarme completo y resguardo de armamento de los elementos policiales locales.
- Inicio de auditorías operativas y exámenes de control de confianza al personal corporativo.
- Despliegue de patrullajes disuasivos en colonias prioritarias y accesos carreteros al Istmo de Tehuantepec.
El Poder Legislativo enfatizó que la resolución prioriza los derechos de la ciudadanía juchiteca y asegura que las actividades comerciales, sanitarias y educativas continúen operando bajo estricta vigilancia institucional.
