La periodista y escritora Lydia Cacho confrontó este jueves 29 de octubre de 2026 al exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres, durante una audiencia judicial pública celebrada a distancia en el marco del proceso penal que se sigue por el delito de tortura.
Audiencia judicial entre Lydia Cacho y Mario Marín
La diligencia fue conducida por el Juzgado Cuarto de Distrito en Quintana Roo, encabezado por la jueza María José Pech Sáenz. La comunicadora intervino mediante videoconferencia desde España, en tanto que el exfuncionario compareció conectado desde el penal federal de máxima seguridad del Altiplano.
Durante la sesión, la comunicadora dirigió un mensaje frontal al exmandatario para ratificar las imputaciones sostenidas a lo largo de más de dos décadas de litigio en instancias nacionales e internacionales.
Aspectos medulares expuestos en la diligencia
Entre los puntos centrales manifestados por las partes durante el careo procesal destacan los siguientes:
- Ratificación de acusaciones por detención arbitraria y vejaciones cometidas en el traslado de Cancún a Puebla en 2005.
- Postura de Mario Marín rechazando haber instruido agresiones contra la periodista durante su mandato estatal.
- Exigencia de no impunidad para redes políticas y económicas denunciadas en investigaciones periodísticas.
Antecedentes del caso que involucra a Lydia Cacho
El litigio que enfrenta a Lydia Cacho con la cúpula gubernamental poblana de aquella época se originó tras la publicación del libro de investigación «Los demonios del Edén», donde se documentaron redes de trata y explotación sexual comercial infantil.
A raíz de esa labor documental, la periodista enfrentó represalias judiciales y un traslado terrestre de más de mil 500 kilómetros custodiada por agentes policiales, episodio catalogado como tortura de Estado por organismos de derechos humanos.
Etapas pendientes dentro del juicio penal
El cauce procesal que determinará la situación jurídica del exgobernador contempla los siguientes plazos y resoluciones:
- Fijación de un periodo legal de hasta 60 días hábiles para la emisión de la sentencia correspondiente.
- Desahogo de recursos de amparo promovidos por la defensa del inculpado relativos a su estado de salud.
- Evaluación final del caudal probatorio ministerial por parte de la autoridad judicial federal.
El caso representa un precedente emblemático en materia de libertad de expresión, protección a periodistas y persecución de delitos de lesa humanidad en el sistema judicial mexicano.