En un movimiento legislativo para endurecer las sanciones contra la narcopolítica, una nueva iniciativa del PRI reforma Código Penal Federal con la finalidad de clasificar como traición a la patria a cualquier servidor público que mantenga nexos comprobados con la delincuencia organizada.
Detalles del proyecto donde el PRI reforma el Código Penal Federal
La iniciativa presentada por el diputado federal Christian Mishel Castro Bello plantea adicionar las fracciones XVI y XVII al artículo 123 de la legislación penal nacional. El proyecto turnado a la Comisión de Justicia contempla severas sanciones para los funcionarios que utilicen recursos ilícitos para financiar campañas o actividades políticas.
Entre los ilícitos considerados en la reforma destacan el tráfico de sustancias ilícitas, el contrabando de hidrocarburos, el secuestro y la extorsión.
- Tipificación explícita de colusión política como delito de traición a la patria.
- Inclusión de delitos relacionados con secuestro, extorsión y huachicol.
- Prohibición del uso de fondos delictivos en actividades electorales.
Sanciones de hasta 40 años de prisión y multas millonarias
De ser aprobada la reforma, a los servidores públicos infractores se les impondría la pena máxima de 40 años de cárcel establecida en dicho ordenamiento. Adicionalmente, el dictamen contempla multas equivalentes a seis años de los salarios devengados durante el ejercicio de su responsabilidad oficial.
Tipificación de corrupción y desvío de fondos públicos
El proyecto legislativo amplía el alcance punitivo hacia hechos graves de corrupción administrativa. La tipificación aplica cuando los funcionarios distraigan o transfieran recursos públicos en forma ilegal:
- Desvío ilegal de fondos del erario para beneficio personal o de terceros.
- Incapacidad para acreditar legítimamente el incremento patrimonial personal.
- Aplicación de la pena máxima de prisión e inhabilitación definitiva del servicio público.
Sanciones extendidas a terceros y particulares
Castro Bello argumentó que la iniciativa responde a la exigencia ciudadana de recuperar la confianza en las instituciones. El legislador enfatizó que las sanciones no se limitarán a la burocracia estatal, sino que se extenderán a personas particulares que participen en redes de corrupción, imponiendo multas de hasta 70% sobre el beneficio patrimonial obtenido.
