La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó de forma unánime una controvertida reforma constitucional solicitada por el presidente Daniel Ortega, la cual prohíbe explícitamente que los opositores participen en las elecciones en Nicaragua. Esta medida consolida aún más el control absoluto que ejerce el mandatario sobre el país centroamericano.
Claves de la reforma para las elecciones en Nicaragua
La nueva enmienda no solo restringe la participación de sus detractores, sino que también introduce cambios profundos en la estructura del poder ejecutivo. Las modificaciones más destacadas de esta reforma incluyen:
- La ampliación del mandato presidencial, pasando de seis a siete años.
- La exclusión total de los comicios a cualquier persona acusada de planificar o ejecutar un “golpe de Estado”.
- El veto a ciudadanos catalogados por el Estado como “traidores a la patria” o que hayan solicitado bloqueos económicos.
- La aplicación de este nuevo periodo de siete años a las actuales autoridades ya elegidas.
Rechazo de la comunidad internacional
Desde que Daniel Ortega, de 80 años, y la copresidenta Rosario Murillo, de 75, anunciaron la iniciativa en julio pasado, se desató una ola de críticas a nivel mundial. La Organización de Estados Americanos (OEA) ya programa reuniones urgentes para debatir posibles sanciones contra la administración sandinista, buscando presionar al régimen para que garantice un piso parejo en la contienda.
A pesar del rechazo, la enmienda aprobada incluye un artículo que desconoce abiertamente la aplicación de leyes extraterritoriales emitidas por otros Estados u organismos internacionales, blindando jurídicamente sus recientes decisiones.
El panorama político sin rivales
El escenario político nicaragüense actual es de una oposición prácticamente nula dentro del territorio. Tras las históricas protestas de 2018, miles de ciudadanos, intelectuales, religiosos y dirigentes políticos tuvieron que exiliarse y fueron despojados de su nacionalidad.
Líderes disidentes desde el extranjero advierten que estas nuevas reglas para las elecciones buscan únicamente asegurar la sucesión ininterrumpida de la familia Ortega-Murillo. Mientras tanto, diversos grupos opositores continúan exigiendo la liberación de presos políticos y la urgente renovación de las instituciones controladas por el gobierno.
