Los ocho bloqueos que familiares de personas privadas de la libertad en el penal de San Miguel mantuvieron este 10 de noviembre en la capital poblana y su zona metropolitana fueron retirados por la tarde, luego de un proceso de diálogo con la Secretaría de Gobernación estatal, informó el Gobierno de Puebla.
“Gracias al diálogo, se acordó la liberación de los 8 puntos de bloqueo en la zona metropolitana”, señaló la administración estatal en sus redes sociales, donde añadió que privilegia el diálogo y el Estado de derecho.
Los puntos afectados
Las protestas se instalaron de forma simultánea en el Periférico Ecológico a la altura del C5; en Reforma y 11 Sur; en Reforma y 3 Sur; frente a Casa Aguayo, en la 14 Oriente y el bulevar 5 de Mayo; en la autopista México-Puebla, a la altura del puente de Xoxtla, en ambos sentidos; en la caseta de la Vía Atlixcáyotl; en Camino al Batán, y en las inmediaciones de la Comisión de Derechos Humanos, en la 5 Sur y 5 Poniente.
Durante varias horas, cientos de automovilistas quedaron varados y la red RUTA modificó de manera provisional los recorridos de sus cuatro líneas. En la autopista México-Puebla y en la Atlixcáyotl se quemaron llantas sobre el asfalto.
Daños en la sede de Gobernación
Según el gobierno estatal, un grupo de manifestantes, algunos con el rostro cubierto, causó daños en los cristales de Casa Aguayo, sede de la Secretaría de Gobernación. Las autoridades reconocieron la quema de llantas, pero descartaron que se hayan incendiado vehículos.
El secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, permaneció en Casa Aguayo y ofreció instalar una mesa de diálogo para escuchar las denuncias, así como recibir a una comisión de familiares. El subsecretario Rodolfo Huerta propuso integrar un grupo que revise los planteamientos, de acuerdo con Intolerancia Diario.
Roberto Huerta Pérez, delegado de Gobernación en la microrregión de Huejotzingo, confirmó que las pláticas permitieron alcanzar acuerdos y reabrir la circulación, aunque persistió la carga vehicular hacia la Ciudad de México. Las autoridades no han detallado los compromisos concretos asumidos con los inconformes.
Lo que denuncian los familiares
Los familiares acusan presuntas extorsiones, cobros de piso y abusos dentro del penal. Según testimonios recogidos por medios locales, se exigen pagos de entre 30 mil y 50 mil pesos para trasladar a internos a áreas con mejores condiciones, y hay celdas con hasta 60 personas. Publimetro reportó además que los manifestantes pedían la destitución del director del penal, Jorge Ortiz Delgadillo. Ninguna de estas acusaciones ha sido acreditada oficialmente.
El gobierno estatal pidió a los inconformes privilegiar el diálogo y sostuvo que deben prevalecer la ley y el orden público; las denuncias, indicó, deberán ser investigadas por las autoridades competentes.