La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este jueves 5 de noviembre que la próxima semana presentará un decreto para fortalecer Talleres Gráficos de México, con el objetivo de que el organismo del Estado produzca la mayor parte del material electoral, en particular el de mayor seguridad, como las boletas.
El anuncio se dio durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, donde la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, expuso el origen y la operación del grupo empresarial vinculado a los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, proveedores de materiales electorales del INE y de organismos locales.
Qué cambiaría con el decreto
De acuerdo con lo expuesto por la mandataria, el decreto ampliaría el consejo de administración de Talleres Gráficos, que hoy integran las secretarías de Gobernación, Anticorrupción y Buen Gobierno, y Hacienda, para sumar a otras dependencias. También se contempla que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) participe como observadora y que se incorporen instituciones académicas como la UNAM, el IPN y el Tecnológico de Monterrey, o personas reconocidas de ellas.
Sheinbaum planteó además reglas más claras de contratación, licitación y fijación de precios, y señaló que artículos como urnas y mamparas podrían seguir a cargo de impresores mexicanos. El propósito, dijo, es transparentar las compras de papelería y boletas tanto del INE como de los organismos públicos locales electorales (OPLE).
El origen de la red, según Buenrostro
Buenrostro afirmó que los hermanos Hernández Casillas trabajaron en el Registro Nacional de Población entre 1983 y 1988, año en que se constituyó la empresa Cartonera Plástica. Según su presentación, en 1989 José Alfredo pasó al Cisen como secretario particular de Juan Carlos Padilla Aguilar, exdirector del Renapo.
Entre las empresas señaladas figuran Formas Finas y Materiales, Cajas Graf, Seriplast de México, Comercializadora JVLY y Corporativo ZEG. De acuerdo con la funcionaria, compañías del grupo obtuvieron contratos por más de 2 mil millones de pesos en 23 de los 32 organismos electorales locales entre 2014 y 2023, y por alrededor de 646 millones en 15 organismos durante 2024 y 2025.
La presentación describió un presunto esquema de «simulación de competencia», en el que varias de estas empresas participaban en una misma licitación con precios pactados para que una resultara ganadora. Se trata de un señalamiento de la dependencia, no de una resolución judicial.
Posturas y contexto
Sheinbaum sostuvo que las presuntas irregularidades no comenzaron con la gestión de Guadalupe Taddei y que el esquema se fortaleció durante el periodo de Lorenzo Córdova al frente del Consejo General. Pidió que sean la ASF y la Fiscalía General de la República (FGR) las que determinen responsabilidades.
El miércoles, la Unidad de Inteligencia Financiera incorporó a 25 personas físicas y 15 empresas a la Lista de Personas Bloqueadas y presentó una denuncia ante la FGR. El bloqueo de cuentas y la presentación de denuncias no implican, por sí mismos, responsabilidad penal.
Por su parte, el Consejo General del INE incluyó en su sesión extraordinaria de este jueves un proyecto para reforzar sus controles administrativos y solicitar una fiscalización extraordinaria de sus adquisiciones.