Una formal denuncia contra Pablo Lemus, gobernador del estado de Jalisco, fue interpuesta ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la presunta comisión de delitos de tortura, detenciones arbitrarias y abuso de autoridad en agravio de 39 manifestantes en Guadalajara.
El recurso legal fue presentado en la sede central del Ministerio Público Federal por Víctor Hugo Gutiérrez Yánez, presidente de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA). El activista solicitó la atracción inmediata del caso para esclarecer el uso desproporcionado de la fuerza pública durante una protesta ciudadana realizada el pasado 11 de octubre frente a Casa Jalisco.
Los motivos de la denuncia contra Pablo Lemus ante instancias federales
De acuerdo con el documento entregado a las autoridades federales, la denuncia contra Pablo Lemus abarca también a mandos de las corporaciones policiales estatales y directivos del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA). Los quejosos acusan que los cuerpos de seguridad actuaron con violencia desmedida frente a reclamos por agua potable insalubre.
Entre los delitos específicos que se pide investigar a nivel federal figuran los siguientes:
- Presunta tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes cometidos en instalaciones policiales.
- Detención arbitraria y privación ilegal de la libertad de 39 ciudadanos y activistas.
- Abuso de autoridad y ejercicio ilícito del servicio público por parte de funcionarios estatales.
- Uso de armas no letales y sustancias químicas de dispersión de forma injustificada contra la población.
Crisis hídrica y antecedentes del descontento ciudadano
El conflicto social se originó por el suministro de agua turbia y con sedimentos que afecta a más de 320 colonias del Área Metropolitana de Guadalajara desde hace varios años. Los manifestantes exigían soluciones técnicas definitivas y la rendición de cuentas sobre la gestión hídrica en la entidad.
Las exigencias planteadas por las organizaciones civiles ante la FGR comprenden:
- Abrir carpetas de investigación sobre los daños físicos y psicológicos sufridos por las personas detenidas.
- Determinar la cadena de mando que ordenó el despliegue del operativo antimotines en Casa Jalisco.
- Investigar posibles omisiones administrativas y malversación de recursos públicos en el organismo operador del agua.
- Garantizar medidas cautelares para proteger a los defensores de derechos humanos que encabezan las inconformidades.
Exigencia de rendición de cuentas y vigilancia institucional
La representación de la CIDHPDA subrayó que las autoridades locales no pueden evadir su responsabilidad institucional ante episodios de represión social. Por ello, instaron a las fiscalías especializadas a realizar peritajes independientes para deslindar responsabilidades penales de manera transparente.
