La CNDH investiga represión en Guadalajara tras formalizar su facultad de atracción ante las denuncias por agresiones policiales ocurridas durante las protestas ciudadanas por el derecho al agua potable. El organismo federal tomó el control del caso tras registrarse la detención de 39 manifestantes en la capital jalisciense, con el objetivo de determinar posibles violaciones graves a las garantías individuales.
A través de mesas de trabajo con la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos de Jalisco y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), se solicitó la entrega integral del expediente para dar seguimiento legal y forense a cada uno de los testimonios presentados.
Acciones federales: la CNDH investiga represión en Guadalajara
El personal de la Oficina Regional y del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles activó protocolos de contacto directo con las personas afectadas. Dado que la CNDH investiga represión en Guadalajara bajo el principio pro persona, las diligencias contemplan evaluaciones especializadas para documentar el alcance de la fuerza empleada por los elementos de seguridad.
Entre los objetivos primordiales de la intervención federal destacan:
- Notificar a las autoridades locales el requerimiento formal de los expedientes de las 39 personas aseguradas.
- Realizar certificaciones médico-legales a las víctimas para acreditar posibles actos de tortura o tratos crueles.
- Verificar posibles irregularidades en el debido proceso y en el acceso a una defensa jurídica oportuna.
Evaluación médica y acompañamiento jurídico a manifestantes
Los enviados federales recaban testimonios presenciales para sustentar quejas formales de manifestantes que fueron remitidos a instalaciones penitenciarias antes de ser puestos en libertad. La recopilación de pruebas busca esclarecer si existieron abusos durante la custodia y el traslado de los detenidos.
El protocolo de actuación de la comisión contempla tres etapas determinantes:
- Integración exhaustiva de los informes policiales homologados y reportes periciales estatales.
- Certificación independiente del estado físico y psicológico de los manifestantes liberados.
- Emisión de un dictamen integral de medidas cautelares y recomendaciones vinculantes.
De esta manera, mientras la CNDH investiga represión en Guadalajara, las autoridades jaliscienses deberán colaborar con la entrega de información para deslindar responsabilidades institucionales en el operativo.
