La alcaldesa de Atlixco, Ariadna Ayala Camarillo, enfrenta un clima de exigencia por parte de la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional (PAN). Los líderes políticos solicitan que se amplíen las investigaciones tras la reciente captura judicial del titular de Seguridad Pública municipal.
El llamado del PAN a la Fiscalía de Puebla
El dirigente blanquiazul, Mario Riestra Piña, solicitó a la Fiscalía General del Estado (FGE) que no limite las indagatorias al detenido, Antonio N. Argumentó que el escrutinio debe incluir a todos los funcionarios del municipio para descartar encubrimiento.
Riestra Piña puntualizó que la presidenta municipal ratificó a este mando policial al iniciar su segundo trienio en 2024. Por lo tanto, el PAN considera inaceptable que la edil simplemente argumente desconocimiento sobre las actividades de su secretario.
Las principales exigencias de Acción Nacional son las siguientes:
- Investigar a quienes pudieron encubrir o permitir operaciones ilícitas en la corporación policial.
- Aplicar los mismos criterios jurídicos que la dirigencia de Morena ha promovido en casos similares.
- Sancionar de manera exhaustiva a cualquier servidor público involucrado en esta red de irregularidades.
El contexto de la detención de Antonio N.
El pasado viernes, elementos ministeriales concretaron la captura de Antonio N., quien había estado al mando de la seguridad de Atlixco desde octubre de 2021. Su detención sacudió a la opinión pública por la gravedad de las acusaciones formales.
A diferencia de otros municipios que adoptaron mandos de la Secretaría de Marina para reforzar la vigilancia, la administración municipal optó por mantener a este perfil civil durante su mandato consecutivo, lo que derivó en la crisis actual que ha puesto en riesgo a la población.
Los delitos imputados actualmente al mando policial son:
- Presunto abuso de autoridad en el ejercicio de sus funciones operativas.
- Actos señalados de cohecho relacionados con la corporación.
- Probable incumplimiento de un deber legal, mermando la protección ciudadana.
