Ciudad de México. Un nuevo episodio de tensión política y diplomática ha surgido tras la publicación de un reporte periodístico que señala que el Gobierno de Estados Unidos habría revocado las visas a dos gobernadores emanados del partido Morena: Alfonso Durazo, de Sonora, y Américo Villarreal, de Tamaulipas.
De acuerdo con la información difundida originalmente por Los Angeles Times y Puente News Collaborative, la medida restrictiva estaría presuntamente vinculada a investigaciones en curso por parte de autoridades estadounidenses. Los señalamientos sugieren que estas investigaciones estarían relacionadas con el crimen organizado en el caso del mandatario sonorense, y con el presunto contrabando de hidrocarburos, conocido como huachicol, en el caso del gobernador tamaulipeco.
El mismo reporte periodístico precisa que, a pesar de la cancelación de sus visas regulares, ambos funcionarios habrían ingresado a territorio estadounidense recientemente utilizando una autorización especial o libertad condicional por «beneficio público significativo», una figura migratoria generalmente otorgada a individuos que colaboran en investigaciones judiciales.
Rechazo categórico de los señalados
Ante la difusión de la noticia, la respuesta de los gobiernos estatales fue inmediata. Alfonso Durazo calificó la información como una «infamia» y una «noticia falsa», asegurando públicamente que su visa se encuentra vigente y que no ha recibido ninguna notificación oficial sobre investigaciones en su contra. Por su parte, la vocería del gobierno de Américo Villarreal desestimó las acusaciones, argumentando que carecen de sustento probatorio o documentos oficiales que las validen.
A nivel federal, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, también se pronunció al respecto. La mandataria federal cuestionó las posibles intenciones detrás de la filtración de estos datos y recomendó a los gobernadores involucrados enfrentar la situación con tranquilidad y total transparencia. Asimismo, hizo hincapié en la necesidad de que cualquier proceso se lleve a cabo manteniendo el respeto irrestricto a la soberanía nacional.
Este suceso se enmarca en un periodo de constante presión desde Washington, donde la actual administración estadounidense ha insistido en que México debe redoblar sus esfuerzos en el combate a las organizaciones criminales transnacionales.
