Ciudad de México. La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) ha propuesto la imposición de un arancel adicional del 10% a diversas importaciones provenientes de México, Canadá, la Unión Europea, el Reino Unido y Taiwán. Esta medida surge tras concluir una investigación amparada en la Sección 301 de la Ley de Comercio estadounidense de 1974, la cual evaluó la presunta falta de controles estrictos para impedir el ingreso de mercancías elaboradas con trabajo forzoso en las cadenas de suministro.
De acuerdo con el documento emitido por la USTR a principios de este mes, la propuesta abarca a un total de 60 economías. Mientras que a la región de Norteamérica y ciertos aliados europeos se les aplicaría un 10%, otras 46 naciones, incluyendo a China, Brasil, India y Japón, enfrentarían una tasa del 12.5% por carecer de mecanismos similares para rastrear y prohibir estas prácticas laborales.
Respuesta de las autoridades mexicanas y exenciones del T-MEC
Ante la noticia, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Economía, hizo un llamado a la mesura, aclarando que se trata únicamente de una «propuesta» y no de una medida comercial definitiva. Según la normativa estadounidense, ahora se abrirá un periodo de 45 días de consultas públicas antes de emitir un fallo oficial.
Asimismo, la dependencia mexicana destacó un punto fundamental tras sostener consultas con la USTR: las exportaciones que cumplan cabalmente con las reglas de origen estipuladas en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) quedarían exentas de este gravamen. Este detalle es de suma relevancia, ya que aproximadamente el 85% del volumen de las exportaciones mexicanas hacia el mercado estadounidense se realiza bajo los parámetros de dicho acuerdo comercial. De igual manera, se confirmó que los bienes protegidos bajo las resoluciones de la Sección 232, como el acero, el aluminio y los automóviles, no se verían afectados por estos nuevos aranceles.
Un contexto comercial sensible
Este anuncio se enmarca en una etapa crucial para la relación trilateral, ya que ocurre semanas antes de la revisión conjunta del T-MEC, programada para el mes de julio de 2026. Recientemente, tanto las autoridades de México como de Canadá oficializaron su voluntad de extender la vigencia del tratado comercial por 16 años más, con el objetivo de brindar certidumbre a las inversiones extranjeras.
El gobierno mexicano ha confirmado que mantendrá mesas de diálogo permanente con sus contrapartes estadounidenses durante las próximas semanas para presentar los argumentos técnicos necesarios y evitar que la propuesta arancelaria se materialice y afecte los flujos comerciales de la región norteamericana.
