En una escalada significativa en la lucha contra la corrupción y el narcotráfico en México, el gobierno de Estados Unidos, a través del Distrito Sur de Nueva York, ha emitido órdenes de decomiso que apuntan directamente a los bienes y fortunas del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve altos funcionarios y exfuncionarios. La acción busca desmantelar la estructura financiera derivada de presuntas ganancias ilícitas obtenidas por la protección a la facción de ‘Los Chapitos’ del Cártel de Sinaloa.
La ofensiva legal no solo persigue penas de prisión, sino que prioriza un “golpe al bolsillo” mediante el rastreo y la incautación de cualquier activo que constituya o se derive de ganancias obtenidas directa o indirectamente de actividades delictivas. La acusación formal detalla que los implicados deberán ceder a favor de Estados Unidos todos los bienes relacionados con delitos de asociación delictuosa para la importación y tráfico de narcóticos como fentanilo, cocaína y metanfetaminas hacia territorio estadounidense.
Entre los señalados, además de Rocha Moya, se encuentran el senador Enrique Inzunza Cázarez, el exsecretario de Administración y Finanzas Enrique Díaz Vega, y el actual Vicefiscal General Dámaso Castro Zaavedra. La medida abarca cualquier propiedad utilizada, o que se haya intentado utilizar, para facilitar estas operaciones ilícitas.
Sin lugar donde esconder la fortuna: la cláusula de bienes sustitutos
Un aspecto crucial y particularmente agresivo de la acusación es la “Disposición sobre bienes sustitutos”. Esta cláusula advierte que, si los activos sujetos a decomiso no pueden ser localizados, han sido transferidos a terceros, vendidos o disminuido sustancialmente de valor, la justicia estadounidense procederá con el decomiso de cualquier otro bien de los acusados hasta cubrir el valor total de la deuda criminal. Esta medida busca impedir que los implicados evadan la acción de la justicia ocultando su patrimonio o transfiriéndolo a familiares o prestanombres.
Incautación de armamento y reparación por crímenes violentos
El alcance del decomiso se extiende más allá de las finanzas. Por cargos relacionados con la posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, el tribunal exige la entrega de todas las armas de fuego y municiones involucradas en la comisión de los delitos. El expediente subraya el uso de camiones blindados, lanzagranadas, bazucas y fusiles AK-47 y AR-15 para proteger las operaciones del Cártel de Sinaloa. Además, en el caso específico de Juan Valenzuela Millán, alias ‘Juanito’, la orden de decomiso incluye bienes muebles e inmuebles derivados de las ganancias de secuestro con resultado de muerte, incluyendo sumas de dinero en moneda estadounidense.
La magnitud del decomiso se sustenta en la evidencia de sobornos sistemáticos que el cártel pagaba a funcionarios. Documentos revelan que jefes policiales y fiscales recibían pagos mensuales que oscilaban entre los 5 mil 450 y los 16 mil 670 dólares a cambio de protección y filtración de información. Ahora, el Departamento de Justicia de Estados Unidos busca recuperar cada dólar de esa red de corrupción.
El panorama
Esta ofensiva representa un claro mensaje de Washington sobre su determinación de perseguir no solo a los narcotraficantes, sino también a la red de corrupción gubernamental que facilita sus operaciones. La solicitud de licencia de Rocha Moya para enfrentar estas investigaciones, así como el seguimiento de los otros funcionarios, marcará un precedente importante en las relaciones bilaterales de seguridad y en la lucha por la rendición de cuentas en México. Se espera un proceso complejo que podría reconfigurar el panorama político y criminal en Sinaloa.
