El telón ha caído sobre la administración de Andrés Manuel López Obrador, pero las cuentas aún no cuadran del todo. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) entregó su tercer y último informe sobre la Cuenta Pública 2024, revelando que en el año final del sexenio quedaron pendientes de aclarar 65,000 millones de pesos del gasto público.
Aunque el auditor David Colmenares defendió que las observaciones han disminuido en comparación con sexenios anteriores (como el de Peña Nieto), la cifra sigue siendo multimillonaria y pone el foco en las dos áreas consentidas de la «4T»: las empresas estatales energéticas y las transferencias a los estados.
Pemex y CFE: Los Gigantes de las Irregularidades
Como ha sido la constante en los informes de fiscalización, Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) concentran una parte alarmante de los montos observados.
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Pemex: La petrolera debe explicar el destino de casi 18,000 millones de pesos. Las irregularidades detectadas incluyen falta de comprobación en contratos de obra, pagos en exceso y deficiencias en la supervisión de proyectos clave.
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CFE: La empresa eléctrica también aparece con montos millonarios por aclarar, sumándose a la lista de pendientes financieros que hereda la administración de Claudia Sheinbaum.
El Gasto Federalizado: ¿Dónde quedó el dinero en los Estados?
Otro boquete financiero importante se encuentra en el Gasto Federalizado (el dinero que la Federación envía a los estados y municipios). La ASF detectó que cerca de 24,000 millones de pesos no tienen un destino claro en las arcas locales.
Esto implica que gobiernos estatales y ayuntamientos de todo el país tendrán que correr para presentar facturas y evidencias si no quieren enfrentar denuncias penales por desvío de recursos.
Tren Maya y Megaobras: Cuentas Pendientes
El informe también salpica a las obras insignia. El Tren Maya, que se inauguró por tramos y con prisas al final del mandato, presenta observaciones por pagos indebidos y falta de documentación que justifique ciertos sobrecostos operativos y de construcción en su etapa final.
Conclusión: ¿Desfalco o Desorden Administrativo?
Es importante aclarar que un monto «por aclarar» no significa automáticamente un desfalco confirmado, pero sí un desorden administrativo grave. Los entes señalados tienen ahora un plazo legal para presentar la documentación faltante. Sin embargo, cerrar el sexenio con 65 mil millones en el limbo deja una mancha en la narrativa de «cero corrupción» y transfiere una papa caliente política y financiera al nuevo gobierno.
