Salud
A través de una carta, el médico intensivista Agamenón Quintero, presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC), envió un derecho de petición al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, para que convoque «de manera urgente» a mesas de trabajo con el fin de analizar y fijar la Unidad de Pago por Capitación (UPC).
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La asociación que representa a las más de 70 especialidades médicas del paíspidió la inclusión a mesas de trabajo invocando el artículo 12 de la ley 1751 de 2012.
«Respetado señor Ministro. Por medio del presente escrito y atendiendo a la expedición de la Resolución de la referencia, respetuosamente me permito solicitar de manera urgente se sirva convocar a la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas a las mesas de trabajo conformado a través de dicho Acto Administrativo. Lo anterior atendiendo a que dicha inclusión había sido solicitada formalmente por nuestra agremiación en virtud del artículo 12 de la ley 1751 de 2012 y conforme al artículo 3 de la resolución de la referencia fuimos excluidos de la misma. Por lo anterior reiteramos la solicitud y previo al inicio de las mesas solicitamos ser convocados a la misma»dice la carta.
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Recientemente,el Ministerio de Salud ordenó la creación de una mesa de trabajo con el propósito de revisar la UPC del año 2024 y evaluar posibles rezagos en los valores fijados para las vigencias de 2021, 2022 y 2023.
Según lo establecido, este espacio permitirá contrastar información y generar insumos técnicos para la determinación de la suficiencia de la UPC, función que recae en el Ministerio de Salud como ente rector de la política pública en este ámbito.
La mesa estará integrada por el Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Superintendencia Nacional de Salud.
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Además, participarán las Entidades Promotoras de Salud (EPS), las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) y sus agremiaciones, así como las asociaciones de pacientes y representantes del sector académico, quienes designarán sus voceros de acuerdo con lo dispuesto en la resolución.
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