Salud
El pasado 18 de diciembre, el Ministerio de Salud y Protección Social radicó ante la Corte Constitucional una solicitud de nulidad al auto 007 de 2025, en la que el alto tribunal declaró que la Unidad de Pago por Capitación (UPC) fue insuficiente para el año 2024.
La petición tiene entre sus fundamentos que el alto tribunal incurrió en irregularidades procesales que vulneraron los derechos fundamentales de la cartera.
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«La mayoría de la sala no garantizó este mandato constitucional (artículo 29 de la Constitución Política de 1991, precepto en el que se estableció el debido proceso como un derecho fundamental) al Ministerio de Salud y Protección Social al no poner en conocimiento ni permitir la controversia de las pruebas y/o documentos allegados por los actores que participaron dentro de la discusión de la suficiencia de la UPC, esto es, las Empresas Promotoras de Salud y sus agremiaciones«, indica el MinSalud.
Corte constitucional
Cortesía
Ante la solicitud, diferentes actores del sector, tales como pacientes, profesionales de la salud, usuarios, sociedades científicas y prestadoresemitieron una carta conjunta expresando su rechazo, asegurando que «el Gobierno Nacional no respeta las decisiones de la Corte Constitucional y pone en jaque al sistema de salud«.
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«La nulidad solicitada por el Ministerio de Salud y Protección Social se interpreta como una dilación infundada en el cumplimiento de las órdenes judiciales y supone un grave retroceso en la protección del derecho fundamental a la salud, especialmente para los pacientes con enfermedades crónicas, de alto costo, huérfanas y población en general«, agregaron en la misiva.
Los firmantes de la carta le pidieron a la Corte rechazar «esta solicitud de nulidad y tome la decisión que corresponda con base en la justicia, priorizando la protección inmediata y efectiva del derecho a la salud de los colombianos«.
De igual manera, le pidió al Ministerio de Salud que «en lugar de cuestionar decisiones judiciales que protegen la salud de los colombianos, tome medidas concretas para garantizar el acceso oportuno y adecuado a los servicios de salud. Porque sus decisiones y su inacción están cobrando vidas. Es esencial que sus acciones respondan a la realidad del país y se orienten a implementar medidas concretas que permitan superar la crisis de financiación que afecta a millones de colombianos que dependen del sistema de salud para garantizar su bienestar y calidad de vida«.
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