De acuerdo al gobierno de México, al país ingresan más de 200,000 armas de todo tipo, utilizadas por los grupos del crimen organizado para delinquir, abatir a sus contrarios y defenderse de las pocas fuerzas federales que en verdad los combaten.
Ante ese contexto, el senador demócrata Dick Durbin, miembro de mayor rango del Comité Judicial del Senado, y el representante estadounidense Joaquín Castro (D-TX-20), miembro de mayor rango del Subcomité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes para el Hemisferio Occidental, encabezaron en días pasados la presentación bicameral de la Ley para Detener el Armamento de los Cárteles.
La legislación se presenta en un momento en que se estima que anualmente se trafican a México 200,000 armas de fabricación estadounidense, pero podría alcanzar las 500,000en gran medida atribuibles a comerciantes de armas sin licencia, compradores testaferros y robos a titulares de licencias federales de armas de fuego (FFL).
Breaking: el senador Durbin, grupo de demócratas del Senado introduce un proyecto de ley para frenar el tráfico de armas de fuego a los carteles de drogas mexicanas.
El proyecto de ley es apoyado por una amplia coalición de grupos de seguridad de armas.
– Senado Judiciario Demócratas 🇺🇸 (@JudiciaryDems) 3 de febrero de 2025
A decir de la propia presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el tráfico de armas es parte de la enorme e inédita ola de violencia que azota a México desde hace dos décadas, pero que se ha acrecentado en los últimos años.
De ahí que este proyecto de ley buscaría frenar este “río de hierro” de tráfico de armas de fuego de Estados Unidos a México, facilitado por las débiles leyes de armas estadounidenses y las peligrosas prácticas de la industria armamentística, como sus autores mencionan.
“El mortal flujo de tráfico de armas de fuego exacerba la violencia, permite a los cárteles que trafican migrantes a nuestra frontera sur y facilita el comercio ilícito de narcóticos, incluido el fentanilo, a través de la frontera de regreso a Estados Unidos. Según un estudio de 2021 de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), el 70 por ciento de las armas utilizadas en delitos recuperados en México entre 2014 y 2018 y presentadas para su rastreo eran de origen estadounidense”, señala el documento presentado.
En él, destacan que las laxas leyes de armas en Estados Unidos han creado un círculo vicioso y mortal de tráfico de armas de fuego plagado de violencia y caos, que da como resultado una transferencia constante de fentanilo a través de la frontera sur.
“Nuestras leyes de armas y las prácticas de la industria de las armas alimentan un río de hierro de tráfico de armas de fuego que abastece a los cárteles de la droga mexicanos y otros elementos criminales en la región, y es hora de cortar el río de hierro en su fuente. Con la Ley para Detener el Armamento de los Cárteles, podemos desarmar a los cárteles y ayudar a prevenir la violencia, el tráfico de drogas y la migración irregular asociados con el poder de los cárteles y la violencia en el país y en el extranjero”, dijo Durbin.
“Durante años, los republicanos han adoptado una postura cada vez más brutal frente a la inmigración, al tiempo que se niegan a abordar el papel que desempeñan las armas estadounidenses en el fomento de la violencia y la inestabilidad que obligan a las familias a huir de sus hogares. En México, en particular, las armas de alto calibre contrabandeadas desde Estados Unidos han permitido a los cárteles derribar helicópteros policiales, atacar convoyes militares y socavar la confianza pública en la ley y el orden. La Ley para Detener el Armamento de los Cárteles supondrá un importante avance para frenar el flujo mortal de armas desde Estados Unidos y generar estabilidad en todo el mundo”, sentenció Castro.
En concreto, la Ley para Detener el Armamento a los Cárteles establece prohibir la futura fabricación, importación, venta, transferencia o posesión no gubernamental de rifles calibre .50; regular los rifles calibre .50 existentes bajo la Ley Nacional de Armas de Fuego, con una exención de tarifas y un período de gracia de 12 meses para el registro en el Registro Nacional de Registro y Transferencia de Armas de Fuego para aquellos que los posean legalmente bajo la ley actual;
Además, se propone crear una excepción a la Ley de Protección del Comercio Lícito de Armas (PLCAA), que permita a las víctimas de la violencia armada demandar a los fabricantes y distribuidores que participen en transacciones de armas de fuego prohibidas por la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico.
Sin olvidar la prohibición de la venta o transferencia de armas de fuego a personas sancionadas bajo la Ley Kingpin y agregar las designaciones de la Ley Kingpin al Sistema Nacional de Verificación Instantánea de Antecedentes Penales (NICS).
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