Dentro de una semana tomará posesión Donald J. Trump como el 47º presidente de Estados Unidos, dando inicio a la ruptura del statu quo —no sólo de la política interna de aquel país, sino también el cambio de la política externa de la mayor economía del mundo—.
Trump es el primero que tomará la presidencia siendo un convicto, tras ser declarado culpable por 34 cargos por fraude financiero y conspiración para ocultar pagos a una actriz porno a cambio de su silencio y cubrir su infidelidad. Algunos otros juicios quedarán pendientes o han sido desestimados bajo la “inmunidad presidencial” confirmada por la Suprema Corte de Justicia, que cuenta con mayoría conservadora, incluyendo a tres nominados por Trump en su primer periodo. Su estilo pendenciero, ofensivo, mentiroso, estridente y escandaloso no molestó al electorado estadunidense, que apoyó sus propuestas económicas para detener la inflación, combatir a los narcotraficantes que inundan su país con drogas letales como el fentanilo y que ofrece la expulsión de los “peligrosos” inmigrantes indocumentados a quienes culpa de la inseguridad en las grandes ciudades; promesas con las que ha logrado convencer a sus seguidores —como buen narcisista megalómano— de que todos los males son causados por agentes externos o por quienes piensan diferente, y que solamente Trump es capaz de “hacer a Estados Unidos grande nuevamente”. Curiosamente, si cambiáramos el nombre, bien podríamos estar describiendo a uno que otro político mexicano.
Su llegada no le sienta bien a México, poniendo nerviosos a muchos miembros de la administración de Claudia Sheinbaum, con justificada razón. El déficit de las finanzas públicas heredadas por López Obrador, provocado por el aumento en los gastos de los programas sociales para asegurar su triunfo electoral, ha dejado a la primera Presidenta de México sin margen de maniobra para afrontar cualquier eventualidad provocada por alguna catástrofe natural, factores sociales o de seguridad interna. Con un presupuesto sostenido por alfileres, las políticas propuestas de Trump se convierten en la principal amenaza para la estabilidad política, financiera y de seguridad para la incipiente presidencia de Sheinbaum, quien aún no define si enfrentar directamente a su contraparte del norte, entrar a la arena de declaraciones insulsas (como el vano debate de la nomenclatura del golfo de México y la América mexicana), rendirle pleitesía (que demostró costarle caro a Trudeau en Canadá) o navegar como veleta complaciente, como lo hizo López Obrador (sin omitir mencionar que, según Trump, nunca había visto a nadie doblarse tan fácilmente).
Cuando Trump comience la deportación masiva de indocumentados ocasionará inmediatamente una crisis social, económica y de derechos humanos en la frontera, hecho que la convertirá en un polvorín que puede estallar en cualquier momento. De igual forma, ha amenazado con la imposición de aranceles hasta del 100% a los productos mexicanos de todo tipo, con lo que ahorcaría a la economía mexicana, con la consiguiente desestabilización financiera de la planta productiva y empresarial del país y, en consecuencia, disminuirá la recaudación de impuestos que tanto necesita la maquinaria política de Morena para accionar su estrategia de comprar votos y conciencias al regalar el dinero a diestra y siniestra.
Una de las declaraciones de Trump que más eco ha tenido en muchos círculos políticos mexicanos retumbó la semana pasada: “… (México) esencialmente está dirigido por los cárteles y no podemos dejar que eso ocurra, porque México tiene realmente problemas, muchos problemas…”. Seguro estarán de acuerdo muchos habitantes de Sinaloa, Tabasco, Morelos, Guanajuato, Sonora y otros estados del país. El futuro presidente ha planteado que, para proteger a sus ciudadanos, pedirá al Congreso de su país que los cárteles mexicanos sean designados como organizaciones terroristas. Si esto sucede, Trump tendrá la posibilidad de atacar militarmente a los capos, sus instalaciones y recursos financieros en cualquier parte del mundo, incluido nuestro país, lo que se convertiría en un desastre interno y externo, político, social y financiero para México.
No olvidemos que El Chapo Guzmán, sus hijos y El Mayo Zambada están cooperando con las autoridades de aquel país, quienes seguramente ya saben los nombres de los cómplices dentro de las últimas administraciones mexicanas que les permitieron crear sus imperios del crimen, lo que debe tener temblando a más de uno en México. Viene la primera prueba de fuego para la Presidenta. Por el bien del país, esperemos que sepa sortearla.
