A cinco días de la votación presidencial, el proceso electoral llega a su fin con el doble de casos de violencia en comparación con los comicios de 2018, cuando Morena y Andrés Manuel López Obrador ganaron la Presidencia de la República.
De acuerdo con el último reporte de Integralia, al 28 de mayo de 2024 se contabilizaron 749 casos de violencia política a nivel nacional, registrados desde el 7 de septiembre de 2023, fecha en la que inició el proceso, y se estima que al término de las elecciones del 2 de junio la cifra se elevará a 760.
Lo anterior prácticamente duplica los ocurridos en 2017 y 2018, cuando se contabilizaron 382 casos de violencia.
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“Una de las huellas indelebles de este proceso electoral fue la violencia, los datos así lo demuestran. Prácticamente ya vamos al doble y de hecho es muy probable que se dupliquen, pero, más allá de estos números, el balance general es que hoy como nunca antes nuestra democracia está capturada por los grupos criminales a lo largo y ancho del país”, declaró a EL UNIVERSAL Armando Vargas Hernández, consultor senior de Integralia.
De las 749 víctimas, 316 han sido aspirantes o candidatos, 131 políticos o expolíticos, 130 funcionarios o exfuncionarios, 133 daños colaterales y 39 familiares.
Las agresiones del proceso más violento de la historia moderna en México incluyen 233 casos de amenazas, 231 asesinatos, 159 atentados con arma de fuego, 21 desapariciones, 18 secuestros y 87 eventos de otro tipo.
Violencia política de 2024 duplica ya a la de 2018
De los 231 asesinatos, 34 fueron contra aspirantes, precandidatos o candidatos, cifra que también superó a la del proceso 2017-2018, cuando se registrararon 24 precandidatos o candidatos ultimados.
De los 34 asesinatos, 88% de las víctimas aspiraban a un cargo de elección municipal; 15 de ellas pertenecían a Morena, seis al PRI, cuatro al PAN, tres al PVEM, dos a MC, uno al PRD, uno al PT, uno más al partido Chiapas Unidos y uno más al Partido Popular Chiapaneco.
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El estudio, elaborado con información oficial y reportes de los partidos políticos, registró que Puebla fue la entidad con más víctimas de violencia, con un total de 40 casos, seguida de Chiapas, con 33 casos, y Guerrero, con 33.
Respecto a los asesinatos, Chiapas ocupó el primer sitio con ocho casos de homicidio de candidatos, seguido de Guerrero, con seis, y Michoacán, con cuatro casos.
El análisis también desagregó el número de agresiones contra integrantes de partidos políticos. Morena encabeza la lista con 61 casos de agresiones contra sus miembros, en segundo lugar se encuentra el PRI con 58, seguido del PAN con 43.
Movimiento Ciudadano se encuentra en cuarto lugar, con 30 casos de agresión, seguido del PRD, con 29; el PVEM, con 20, y el PT, con 13 casos.
Vargas Hernández, quien también es doctor en Ciencia Política por la UNAM, detalló que las cifras revelan que durante este proceso el crimen organizado ha incidido de manera directa en la participación política y en la participación ciudadana: “El crimen organizado ha logrado que haya menos opciones en la boleta electoral, y en muchos lugares quienes aspiran a gobernar en realidad terminarán siendo un vehículo para que el crimen organizado expanda su control territorial”, dijo.
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Adelantó que para el 2 de junio, “sin duda” habrá registro de violencia electoral.
“Indudablemente habrá casos de violencia el día de las elecciones. No necesariamente serán en contra de candidatos, pero sí veremos otras formas de violencia a fin de irrumpir por la puerta el proceso electoral. Estoy hablando de intervención en casillas, movilización del voto por parte de actores criminales, pero no va a ser una situación generalizada en la mayor parte del país, me parece que es importante remarcar que será en territorios muy específicos en donde hoy vemos disputas entre grupos criminales”, expresó.
Finalmente, advirtió que si México sigue con soluciones “superficiales” en 2030 se llegará al mismo diagnóstico, por lo que recomendó combatir al crimen organizado a profundidad y bajo mecanismos no tradicionales.
“Para que en 2030 no lleguemos al mismo diagnóstico y digamos que es el proceso más violento de la historia, el Estado debe hacer dos cosas: primero, reconocer el problema en su justa dimensión, y esto es que el crimen organizado hoy manda a nivel de los territorios en varias regiones y que es un actor político más, y, en segundo lugar, que el Estado mexicano tiene que afrontar la responsabilidad de combatir al crimen organizado de manera integral, no solamente a través de la fuerza, sino también desmantelando sus bases sociales, desmantelando sus fuentes de financiamiento y resquebrajando su sistema de inteligencia”, concluyó.
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