COLUMNA INVITADA Donde analizan las emisiones de dióxido de carbono (CO2), relacionadas con la generación de electricidad en cuatro países Latinoamericanos: Argentina, Brasil, Colombia y México OPINIÓN
· 27/5/2024 · 00:49 hs
Manuel Rodríguez González / Colaborador / Opinión El Heraldo de México Créditos: Especial El compromiso con las energías renovables para combatir el cambio climático ha sido una constante desde su formación académica y científica de la candidata presidencial Claudia Sheinbaum, pero sobre todo como gobernante. Así queda constatado en el artículo que escribió de manera conjunta con Belizza Janet Ruiz-Mendoza: Electricity sector reforms in four Latin-American countries and their impact on carbon dioxide emissions and renewable energy, journal Energy Policy, 2010.
Donde analizan las emisiones de dióxido de carbono (CO2), relacionadas con la generación de electricidad en cuatro países Latinoamericanos: Argentina, Brasil, Colombia y México en el contexto del proceso de liberalización del sector energético que se llevó a cabo en la década de los noventa.
Concluyendo que esto derivó en la reducción de la participación de las fuentes de energía renovable en la capacidad de generación instalada, manteniendo de manera constante en todos los países el índice de emisiones de CO2; salvo Colombia, que redujo su índice con el aumento de generación hidroeléctrica.
Las investigadoras señalan, que al igual que en otras regiones del mundo durante la década de 1990, en el marco de la renegociación de la deuda externa se llevó a cabo un cambio estructural en el sector eléctrico de América Latina, donde los organismos multilaterales e instituciones financieras recomendaron incentivar la inversión privada nacional e internacional, integración de los mercados energéticos como parte de la integración económica regional, así como el incremento de la tasa de electrificación y promoción de la eficiencia energética.
En el documento se señala que desde 1980, bajo dos tendencias, el sector energético dio un vuelco mediante reformas; el primero bajo un proceso de reformas donde gobiernos productores de energía vendía electricidad a través de empresas de servicios públicos; y el segundo, basada en la propiedad privada y la competencia con la intencionalidad de aumentar la eficiencia y la privatización para frenar un déficit en las finanzas públicas; esta última tendencia fue la visión que dominó las reformas en América Latina.
Este proceso de liberación del sector eléctrico redefinió el rol del Estado y el aumento de la participación privada, así como la incorporación de nuevos mecanismos regulatorios y de mercado; sin embargo, no se tradujo en un mejor desempeño en relación con las emisiones de gases de efecto invernadero, al aumentar las plantas de generación de electricidad por medio de combustibles fósiles.
Tal y como se plantea en el citado artículo, con la Reforma de 1992 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, comenzó una etapa privatizadora del sector en México, además limitó el crecimiento de las energías renovables al establecer un tope a la generación distribuida de solamente 0.5 Megawatt; para romper con este techo, como señala Claudia Sheinbaum, es necesario contar con políticas públicas y marcos regulatorios comprometidos con la disminución de CO2.
POR MANUEL RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
DIPUTADO FEDERAL
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ENERGÍA
DE LA LXV LEGISLATURA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN
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