Salud
No quiero ser fatalista, pero el daño ya está hecho. Hemos asistido a un debate destructor, distractor y anárquico que ha erosionado las bases del modelo de aseguramiento en salud construido por muchos actores institucionales desde hace treinta años; la antipatía hacia los operadores privados marcó la temperatura de discusiones complicadas, desinformadas y antitécnicas, sin llegar a ningún acuerdo.
Se busca destruir y no construir y primó la ideología que considera perversa la iniciativa y el trabajo privados y propone que los servicios sociales, entre ellos el sanitario, deben ser asumidos por entidades estatales, retrocediendo cuarenta años a lo que denominan presuntuosamente salud preventiva, modelo superado hace décadas. Un período donde casi todo el esfuerzo era oficial y jerarquizado desde el Estado, cuando el gasto frente al PIB apenas llegaba a 5 puntos, la atención primaria era rudimentaria, la prevención de las enfermedades limitada, los determinantes sociales de la salud desastrosos, la fuerza profesional buena pero insuficiente, la tecnología atrasada, el aseguramiento solo alcanzaba a la cuarta parte de la población y el gasto lo tenían que asumir los que pudieran, y como resultado, la mortalidad infantil –que hoy es menor a 15 muertes por 1.000 nacidos vivos– se acercaba a casi 100.
Preparémonos para lo peor, así se apruebe el proyecto de ley del Gobierno, o no se apruebe, o no se pueda financiar y ejecutar, o se llegue a unos acuerdos parlamentarios ingenuos en donde resulte algo que no es ni chicha ni limonada.
En estos tiempos de avances científicos, tecnológicos y de gestión administrativa, con mejores determinantes sociales y económicos y mayor capacidad institucional y económica, no deberíamos regresar a situaciones superadas; copiar el modelo venezolano sería torpe y seguir al cubano imposible, pues necesitaríamos hacer una revolución marxista que no parece factible en Colombia. Llegar a un consenso sobre el núcleo fuerte es difícil, hay demasiadas líneas rojas en las partes y eso no le sirve al Gobierno que necesita postrar a los aseguradores privados y con ello a los demás agentes, y a cambio, entregar el manejo de los servicios médicos a la red pública, a las administraciones municipales, a entes nacionales gigantescos como la Adres o a los consejos regionales y por esa vía a los capataces políticos regionales y locales. La toma de dominio de la Nueva EPS es un paso fuerte en esa dirección buscando controlar la operación del sistema.
La estrategia del cuentagotas, manteniendo deficitaria la prima, incumpliendo con la financiación de los presupuestos máximos, amenazando desde la Supersalud a los agentes, anunciando acciones populares contra las EPS y con unas conversaciones rotas y poco amigables desde el Ministerio del ramo, ha devenido en una batalla campal que solo conducirá a la anarquía y el desasosiego. Que se preparen las actuales EPS para desaparecer o convertirse en inútiles y costosas gestoras; los hospitales, a recibir pagos sin controles; los afiliados, a buscar alternativas costosas y los pacientes crónicos, a transitar por un campo laberíntico en busca de soluciones, así sean desarticuladas, discontinuas y de baja calidad.
En poco tiempo se perderá el esfuerzo de las fuerzas públicas y privadas que construyeron institucionalidad, capacidades técnicas y tecnológicas, modelos complejos de gestión de servicios, redes y rutas de atención, servicios hospitalarios de calidad para alcanzar coberturas poblacionales universales. El golpe ha sido efectivo y lo que sigue en las varias y confusas transiciones es incierto. El sistema de salud sobrevivirá mal herido y debilitado. Preparémonos para lo peor, así se apruebe el proyecto de ley del gobierno, o no se apruebe, o no se pueda financiar y ejecutar, o se llegue a unos acuerdos parlamentarios ingenuos en donde resulte algo que no es ni chicha ni limonada. El daño está hecho, el Gobierno será responsable de las consecuencias.
