En un mundo donde una de cada tres personas vive en asentamientos precarizados, la lucha por la vivienda digna debe ser prioridad. México no es ajeno a esta problemática, por el contrario, enfrenta una situación preocupante.
En nuestro país se estima que, según información del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS), entre 6.3 y 7.5 millones de personas viven en lo que comúnmente se denominan como asentamientos irregulares; en palabra de su director general, José Alfonso Iracheta Carroll, 30 millones de personas viven en zonas que no son adecuadas; zonas que, hasta unos años atrás, eran productivas, ejidales, de salvaguarda o con derecho de vía.
En su libro, Un país sin techoCarla Escoffie plantea los asentamientos precarios como áreas urbanas en las cuales las poblaciones se encuentran en una violación sistemática a su derecho a la vivienda y a la ciudad; para entenderlo, hay que considerar que por décadas millones de mexicanos y mexicanas han padecido una de las formas más extremas de desigualdad y marginación, esto porque toma muchos años para que las personas cuenten con servicio de agua potable y desagüe, más tiempo para contar con energía eléctrica y todavía más obtener el título de propiedad.
Para dimensionar el problema que nos enfrentamos basta consultar el número de asentamientos precarios que registra el INEGI, en primer lugar se encuentra Morelia, Michoacán con un total de 57 mil 864, le sigue Ensenada, Baja California con 55 mil 303 e Ixtapaluca, en el Estado de México con 48 mil 533.
Jalisco también experimenta este problema, en Puerto Vallarta se registran 15 mil 564 asentamientos, Zapopan con 5 mil 982, San Pedro Tlaquepaque con 5 mil 180 y Guadalajara con 3 mil 650, según información del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México de 2021.
En esta ecuación no podemos obviar todo el desplazamiento humano que está y seguirá ocasionando el cambio climático; todo gobierno, sea municipal, estatal o nacional, debe contar con una agenda ambiental seria y de largo plazo.
Lo anterior no puede ser ignorado ni minimizado, sobre todo al considerar las estimaciones de ONU-Hábitat para 2050, las cuales pronostican que el 80 por ciento de la población mundial vivirá en zonas urbanas; en verdad nos queda poco tiempo de maniobra para mitigar y atender adecuadamente el problema, sobre todo en localidades donde un recurso puede escasear, tal como sucedió meses atrás en Nuevo León con la crisis hídrica.
¿Qué podemos hacer frente este panorama? Lo primero es contar con análisis y cifras actualizadas, mucha de la información que podemos consultar es de años posteriores, lo que dificulta dimensionar totalmente la problemática.
Lo segundo es luchar contra estigmas, retomando el texto de Escoffie, algunas posturas que abordan el tema “suelen creer que conocen bien el origen y solución de este fenómeno a partir de prejuicios e imaginarios clasistas”. Se trata de terminar con la noción de que las personas que viven en áreas precarias “son paracaidistas”, “están ahí para no pagar impuestos” o “es gente que no genera riqueza”, “son vividores”; esto no solo no mejora ni resuelve la situación, sino que perpetúa la marginación y discriminación.
Un tercer punto es el reducir los factores por los cuales las personas tienen que ser desplazadas, no solo por cuestiones violentas o climáticas, sino también el movimiento social que sucede con la escala de precios en las viviendas, tal como está sucediendo en Portugal.
Otro presente y futuro es posible, gracias a esfuerzos colectivos que buscan cambiar la situación de la vivienda; por ejemplo, la iniciativa presentada por Susana de la Rosa, diputada de Jalisco, #FuturoConHogar, la cual busca que las personas desplazadas por la violencia, las y los adultos mayores, jóvenes y mujeres víctimas de violencia tengan la oportunidad de acceder a una vivienda digna.
Los municipios tienen atribuciones importantes para tratar el tema de la vivienda y su precarización, tema que seguiré tratando en una próxima entrega. La lucha por un mundo más justo sigue y garantizar una vivienda digna es uno de los primeros pasos.
