Salud
A pupitrazo limpio avanza la reforma de la salud en la Cámara de Representantes, una demolición del sistema que sigue viva a pesar de:
— Las objeciones de decenas de expertos en salud pública, a muchos de los cuales, como el académico Andrés Vecino y el exministro del Gobierno Alejandro Gaviria, difícilmente podrá acusárseles de militar en la derecha opositora;
— dos cartas públicas firmadas por exministros y viceministros del ramo, que advierten de los riesgos que enfrenta el país de aprobarse la reforma;
— el juicioso debate que adelantan un puñado de representantes valerosos, entre ellos Andrés Forero, Jennifer Pedraza, Catherine Juvinao y Carolina Arbeláez, algunos de quienes incluso hicieron campaña por Petro;
— el sinnúmero de vicios de trámite catalogados por el representante Forero, que ilegitiman lo aprobado y lo exponen a reprobar la revisión de la Corte Constitucional;
— la falta de aval fiscal de parte del Ministerio de Hacienda, en cuyo reemplazo se emitió un ‘escenario de factibilidad’ que ni siquiera lleva la firma del ministro;
– el terror que produce el artículo 70, que ordena a la Adres a pagar “mínimo” el 85 % del valor de las facturas del sistema sin exigencia de auditoría;
— la implosión del primer gabinete del Gobierno, causada por este proyecto;
— la apreciable satisfacción de los colombianos con el sistema actual, calificado por encima de 3 sobre 5 por 73 % de los encuestados por Invamer;
— la parálisis gradual del sector que resulta de la incertidumbre sobre su futuro;
— y el desplome de la credibilidad del ministro de Salud luego de que sostuviera que, durante la pandemia, los colombianos fuimos conejillos de Indias de las farmacéuticas, cuyas vacunas ARNm habían entrado al país “sin permiso”, afirmación que tuvo que desmentir la Organización Panamericana de la Salud.
En síntesis, hay motivos de sobra para exigir que se archive el proyecto. Pero para el Presidente la reforma es como la ballena blanca del monomaniaco capitán Ahab de Melville: un objetivo que hay que perseguir así se hunda el Gobierno y así se hunda el país, por lo cual la presentará, ha dicho, “las veces que sea necesario”.
Las objeciones más preocupantes hechas por los expertos son la incertidumbre sobre la sostenibilidad del nuevo sistema, la mayor dificultad de acceso a los servicios, la eliminación de la libertad para elegir dónde ser atendidos, la desaparición del aseguramiento que ejercen las EPS –que sirve para esparcir el riesgo– y la amenaza de mayor corrupción.
A esas inquietudes agreguémosles otra, de índole política. Pues la estatización que pretende el Pacto Histórico implica engordar el poder y la chequera de la clase política, tanto en Bogotá como en las regiones. Como sucedía con el difunto Instituto de Seguros Sociales, la nómina y entidades del nuevo sistema quedarán prontamente repartidas entre los clanes políticos del país.
Eso significa, en concreto, que la reforma será la cuota inicial de la permanencia del petrismo en el poder. Ya lo anunció el Presidente: “Debemos ganar en el 2026, tanto en Congreso como en presidencia, para que el cambio sea profundo, real e irreversible (sic)”.
¿Cómo asegurar esa victoria? A la manera de la clase política tradicional que tanto denunciaban: repartiendo tajadas de la burocracia nacional a cambio de su apoyo. Con un elemento adicional: expandir brutalmente el tamaño de esa burocracia, para que los recursos de esa clase política beneficiada por el Pacto sean mayores que los de cualquier fuerza que quiera oponérsele. Una estrategia de estatización como enroque.
Y un guion que ya se rodó en Argentina y Venezuela. El Presidente –¿asesorado quizás por consejeros extranjeros?– lo conoce bien. La reforma de la salud no es solo sobre salud.
MANERAS DE TIERRY
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