Se atribuye a Jean Monnet la frase “las personas pasan, las instituciones quedan”. Cuando una obra está bien realizada podemos contemplarla a lo largo de los años, y aunque aplica de forma natural para las manifestaciones artísticas, también es oportuna para el diseño constitucional y legal de una institución.
Cuando México optó por ser una república federal en 1824, se expidió también la “Ley para el Arreglo de la Administración de la Hacienda Pública”.
Mediante esta legislación, el antiguo Tribunal Mayor de Cuentas español dio lugar a una institución, ya en nuestro México independiente, denominada Contaduría Mayor, cuya función era el examen y la glosa de las cuentas que el Ministerio de Hacienda tenía la obligación de presentar cada año ante la Cámara de Diputados.
Más adelante, la Constitución de 1857 estableció la Contaduría Mayor de Hacienda, con la facultad de revisar los presupuestos públicos; señalándose en 1873 las características que constitucionalmente debía cumplir el informe anual de cuentas de la Federación.
Con la promulgación de la Constitución de 1917, se dio nuevamente urgencia a la labor de fiscalización, por lo que diversas reformas se sucedieron desde 1917, en el contexto de la Contaduría Mayor de Hacienda, hasta dar lugar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en 1999.
La ASF es el órgano técnico especializado de la Cámara de Diputados, dotado de autonomía técnica y de gestión, encargada de fiscalizar el uso de los recursos públicos federales en los tres Poderes de la Unión; los órganos constitucionales autónomos; los tres órdenes de gobierno, el gobierno federal, los estados y municipios; y de cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada que haya captado, recaudado, administrado, manejado o ejercido recursos públicos federales, como es el caso del Infonavit.
Dada la relevancia de su responsabilidad se ha venido fortaleciendo constantemente con nuevas atribuciones, así como en la formación de capacidades de sus cuadros auditores, la fortaleza mayor de la institución.
Las reformas constitucionales y legales a la Auditoría Superior de la Federación la han convertido en una institución modelo para otros países, mas al mismo tiempo una institución siempre abierta a aprender de experiencias comparadas exitosas.
Estamos tomando las buenas prácticas de otras entidades de Fiscalización Superior del mundo, agrupadas en la INTOSAI para mejorar nuestra propia labor de fiscalización, lo que nos permite ser cada vez más especializados y eficaces en nuestra función.
La INTOSAI es la organización mundial de auditorías, en donde tenemos vínculos con asociaciones como la Iniciativa para el Desarrollo de la INTOSAI (IDI) y con la Agencia de cooperación alemana GIZ para acercarnos a especialistas, áreas de conocimiento y recursos para el fortalecimiento de la organización, de sus miembros y de sus mecanismos de control, así como de sus instituciones al interior y de sus organismos regionales como la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS).
La labor fiscalizadora nos permite tener diagnósticos certeros de los grandes problemas de la agenda pública y de gobierno, que son a la vez problemas comunes en todas las regiones de la INTOSAI.
En la OLACEFS reconocemos que la cooperación entre EFS, así como con socios estratégicos es un pilar para nuestra operación, de hecho, nuestra carta constitutiva señala que una de nuestras funciones es promover de manera permanente las relaciones entre los miembros, lo que nos permite conocer cómo, desde la fiscalización superior, nos hacemos cargo de nuestro presente y proyectamos positivamente el bien público.
Por ejemplo, en todo el mundo es preservar la autonomía de las instituciones fiscalizadoras, tema prioritario en la última reunión del Consejo Directivo del cual formamos parte en representación de América Latina.
El autor es el Auditor Superior de la Federación
