El ministro Arturo Zaldívar ha presentado su renuncia a la Suprema Corte de Justicia este martes con miras a integrarse al equipo estratégico de toma de decisiones de Claudia Sheinbaum, la futura candidata presidencial de Morena, el partido oficialista, según han confirmado a EL PAÍS dos fuentes en el círculo rojo de la exmandataria de Ciudad de México. El juez participará en la elaboración del proyecto de Gobierno que la aspirante morenista planea ejecutar en caso de ganar las elecciones presidenciales de junio del próximo año, han precisado las fuentes. Sumarse a la campaña de Sheinbaum es un paso decisivo en la carrera política de Zaldívar, que no ha ocultado sus coincidencias con la Administración de Andrés Manuel López Obrador y los postulados de su movimiento. No es un paso en falso para el ministro. Todo lo contrario. Zaldívar ha ido homologando su discurso público y sus decisiones a los principios de justicia social, austeridad en la función pública e inclinación por los pobres que distinguen al obradorismo.
La renuncia de Zaldívar, que aún debe ser aceptada por el presidente López Obrador y ratificada por el Senado, es también un primer movimiento en el tablero de ajedrez político de Sheinbaum. La abanderada morenista busca conformar un equipo fuerte de políticos y expertos para que le ayuden a elaborar una propuesta de Gobierno atractiva no solo para los votantes, sino también para los perfiles moderados y los desencantados con la gestión de López Obrador. El 20 de noviembre inician oficialmente las precampañas presidenciales y en el cuarto de guerra se prevé que ese día la exmandataria presente un primer avance de su proyecto y a los integrantes de su equipo de líneas estratégicas, entre ellos Zaldívar. Sheinbaum perfila que el encargado de coordinar a su equipo de notables sea Juan Ramón de la Fuente, exrector de la UNAM y exembajador de México ante las Naciones Unidas, de acuerdo con las fuentes consultadas.
El proyecto gubernamental de Sheinbaum recogerá propuestas en materia de lucha contra la corrupción, seguridad, economía, energía, vivienda, salud, educación, agua y reforma judicial. Es en este último aspecto donde se prevé que Zaldívar tenga una colaboración estratégica. La propuesta de la abanderada recogerá aspectos del Proyecto de Nación 2024-2030 elaborado por los intelectuales de Morena, pero en otros habrá distancia. El nuevo documento busca cristalizar uno de los eslóganes de campaña usados por Sheinbaum durante la contienda interna por la candidatura presidencial: “Continuidad con sello propio”.
La decisión de Zaldívar fue duramente cuestionada por sus críticos, que siempre han visto en él a más a un político con toga que a un juez. En el ciclo de 14 años que ha cumplido en el Supremo, el ministro ha dado muestras de que sabe nadar con la corriente, acumulando sucesivas transformaciones según el momento político. Propuesto en 2009 para convertirse en togado por el presidente panista Felipe Calderón, Zaldívar marcó distancia con él a raíz del incendio de la guardería ABC, una tragedia en la que murieron 49 niños y en la que se presumía la responsabilidad de parientes de la esposa del mandatario y primera dama, Margarita Zavala. El ministro elaboró un proyecto de sentencia en el que proponía sanciones a altos funcionarios del Gobierno calderonista, pero no fue aprobado por el pleno. Zaldívar revelaría años después que fue objeto de presiones y que hubo una “operación de Estado” para proteger a la familia presidencial.
Durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) el juez abrazó el discurso reformista del Estado priista. En 2014, cuando el Congreso aprobó las reformas que posibilitaban la inversión de empresas extranjeras en la explotación de los bienes nacionales, Zaldívar escribió en Nexos que la Suprema Corte debía contribuir a “la transformación de México”, al “crecimiento económico” y al “desarrollo como un objetivo social”, todas expresiones características del discurso del Gobierno en turno. En noviembre de 2018, cuando ya era presidente electo López Obrador —que siempre criticó las reformas priistas—, el ministro hizo eco de la crítica al “orden institucional imperante”, a la “corrupción endémica”, la “desigualdad histórica” y el derroche de recursos públicos del poder Judicial, y dijo que la Corte debía “dar una respuesta institucional clara a los reclamos manifestados a través de las urnas”.
