Salud
Lo que está pasando con Sanitas es una situación de extrema gravedad que lo que requiere del Gobierno nacional y sus autoridades del sector es buscar soluciones para garantizar los derechos de los usuarios, y no desplegar una artillería para buscar de cualquier forma –como lo percibieron muchos expertos y conocedores del tema– justificar la reforma a la salud que sigue estancada en el Congreso de la República.
En todo un monumental enredo convirtió el Ministerio de Salud la crisis por la entrega de medicamentos de Cruz Verde a Sanitas, después de que esta semana el operador farmacéutico le notificara a la EPS que hasta el 15 de noviembre le entregará drogas no cobijadas por el plan básico de salud (PBS) para sus afiliados.
La razón de Cruz Verde se sustenta en la deuda de 400 mil millones de pesos que Sanitas acumula por ese concepto. Y a su vez, la entidad explica que lleva una deuda acumulada de tres años que no ha podido pagar en su totalidad porque lo que el Ministerio reconoce por recobros, o presupuesto máximos como se le conoce hoy, no es suficiente.
Tras la advertencia pública, el Ministerio de Salud convocó a una rueda de prensa el pasado martes en la que el ministro Guillermo Jaramillo, en compañía del director de la Adres y del superintendente de Salud insistieron en que a Sanitas le han pagado “absolutamente todo” y señalaron que le han entregado 7,8 billones de pesos. “Estamos al día con ellos. Se le pagó todo el año pasado”, incluidos con ajustes, aseveró Jaramillo con vehemencia.
Lo propio hizo el director de la Adres que acusó a la EPS de tener los peores antecedentes en el comportamiento de los recobros al sistema. “Es la que mantiene unos porcentajes de negaciones de las auditorías más grande, e insisten en volver a presentar cuentas que no son reales y que han sido negadas por tres auditorías y tres gobiernos”.
Ante la magnitud del problema que significa dejar de recibir sus medicamentos no PBS para unos 33 mil afiliados con enfermedades catastróficas, huérfanas, crónicas y complejas, la reacción del Ministerio lo que parece denotar es el afanoso interés de dejar mal parada a la empresa promotora de salud en cuestión y por defecto a las demás, acusándolas de usar los dineros que les giran para pagarles a sus propias IPS y quebrar a las demás.
Lo que está pasando con Sanitas es una situación de extrema gravedad que lo que requiere del Gobierno nacional y sus autoridades del sector es buscar soluciones para garantizar los derechos de los usuarios, y no desplegar una artillería para buscar de cualquier forma –como lo percibieron muchos expertos y conocedores del tema– justificar la reforma a la salud que sigue estancada en el Congreso de la República.
Los famosos presupuestos máximos, o recobros, son rubros que la Adres le gira a las EPS por los medicamentos que no están incluidos en el PBS.
Y según explicó el presidente de Sanitas, entregar medicamentos no PBS a sus afiliados tiene un costo de 55 mil millones de pesos por mes, de los cuales el Gobierno solo les está reconociendo 32 mil millones de pesos. De ahí sus argumentos en el sentido de que, aunque reconocen los giros que ha hecho el Gobierno, la plata que reciben del ministerio no es suficiente para cubrir esos gastos.
Los entes de control han entrado a mediar en la situación. Por un lado la Contraloría General ha señalado que lo acontecido es una caso de impacto nacional y por ello realizará una actuación especial de fiscalización para verificar lo relacionado con las reservas técnicas que Sanitas debió haber hecho para pagar deudas y contingencias a proveedores.
En tanto que la Procuraduría sentó en la mesa a la EPS y a Cruz Verde en búsqueda de soluciones, pero inicialmente no hubo acuerdo para seguir garantizando el suministro de los medicamentos no PBS. Así que ahora anunció que convocará a una mesa técnica al Ministerio de Salud y los representantes de las EPS para aclarar cifras, compromisos y fechas de giro en busca de soluciones.
Ojalá la mesa prospere y se produzcan decisiones pensando en los usuarios y sus derechos, su vida, su integridad, que es, al final de cuentas, lo más importante que está en juego en esta discusión, más allá de que esto demuestre o no, como insisten desde el Ministerio, la necesidad de la reforma a la salud, que no avanza en el Congreso y que demandará muchísimo consenso para que pueda salir airosa. En tanto, la salud de los colombianos es la prioridad, las discusiones políticas no pueden usarla como caballito de batalla. Hay que ponerle seriedad, grandeza y diálogo a las soluciones de fondo, sin revanchismos y dejando de lado la necedad de solo hallar culpables. No hay otra forma.
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