¿Alguien entiende realmente qué es lo que va a pasar con los 13 fideicomisos del Poder Judicial cuya extinción fue aprobada por el Poder Legislativo y promulgada por el Ejecutivo?
No sé qué vaya a pasar, pero me parece que, por lo pronto, AMLO le ganó la partida a la Corte.
Déjeme hacer un seguimiento de los hechos recientes.
En la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación del pasado viernes 27 de octubre, se publicó el decreto que los extingue.
Ante este hecho, la magistrada María del Carmen Cordero promovió ante el juzgado décimo segundo en Chihuahua, a cargo del juez Juan Fernando Luévano Ovalle, un amparo por haber sido afectado su interés.
El martes pasado, el juez le otorgó a la magistrada Cordero una suspensión provisional a través de la cual ordena que los recursos en cuestión no sean transferidos al gobierno federal.
Falta que se resuelva si se concede la suspensión definitiva.
Este no será el único amparo. Habrá otros que están pendientes. Y se esperaba también una acción de inconstitucionalidad promovida por legisladores de la oposición.
En paralelo, también el martes pasado, el presidente de la República, en la conferencia mañanera propuso que los recursos de los fideicomisos se asignaran al apoyo a los afectados por el huracán otis.
Ante esa propuesta, hubo una respuesta de la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, que en un comunicado pareció responder positivamente a la propuesta del presidente.
Y digo que pareció responder porque no aceptó abiertamente la propuesta, pero no dijo que jurídicamente fuera imposible, y pidió que se estableciera un canal institucional para concretarla.
Ayer, el presidente López Obrador, en la conferencia mañanera, dio por hecho la aceptación de la Corte a la reasignación de los recursos de los fideicomisos y la celebró.
Y, por la tarde, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, envió una carta a la presidenta de la Corte para definir cómo se concretaría la propuesta.
Por muchas semanas, de manera formal e informal se explicó que buena parte de los fideicomisos corresponden a derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial, como los servicios médicos o las pensiones.
Extinguirlos implicaba una violación de los derechos constitucionales de esos trabajadores.
Y esa fue incluso la razón por la que se efectuó un paro de labores del Poder Judicial.
Es, al menos, incongruente, que la presidenta de la Corte no rechace explícita y claramente lo señalado por el presidente de la República.
Para complicar más el panorama, el martes pasado, los coordinadores parlamentarios de todos los partidos, con excepción de Movimiento Ciudadano, suscribieron un documento que convoca a los tres poderes de la Unión, incluyendo el Judicial, a la integración de un Comité para concretar que los recursos de los fideicomisos extintos del Poder Judicial, se asignen al apoyo de los golpeados por el huracán en Acapulco.
¿Entonces ya no se emprenderá la acción de inconstitucionalidad para evitar que ocurra la extinción? ¿O no se dieron cuenta qué es lo que estaban firmando?
Ayer, el secretario de Hacienda detalló diversos apoyos que se habrán de canalizar a las personas y zonas afectadas, que estimó en 61 mil millones de pesos.
¿Se pretende financiar una parte de esos fondos con los fideicomisos de la Corte?
Como le he comentado en este espacio, se requiere que se canalice un gran volumen de recursos federales a la zona afectada.
Creo que debe reestructurarse el Presupuesto para 2024 para generar una bolsa que tenga ese propósito, reasignando partidas de otras áreas y regiones.
Podría analizarse, por ejemplo, la conveniencia de reducir las transferencias implícito o explícito Pemex para dirigir ese dinero a la reconstrucción.
Y creo que el Poder Judicial podría poner su granito de arena, el cual se puede identificar en una discusión seria y bien fundamentada.
Pero, me parece que el presidente de la República le puso una trampa a la Corte, de la cual ésta no supo cómo escapar.
Y ahora, sea cual sea la salida, va a salir perdiendo.
Si acepta que se pueden extinguir los fideicomisos, perderá credibilidad con el personal del Poder Judicial y con la sociedad.
Si ahora se echa para atrás y dice que nunca lo aceptó, los ministros quedarán como mentirosos y ambiciosos.
Vaya dilema.
