Los funcionarios de la Administración de Justicia han amenazado este viernes con no acudir a la reunión del próximo 3 de octubre con el Ministerio que lidera Pilar Llop si éste no ese compromete a fijar en el primer punto del encuentro «la negociación de un acuerdo con cobertura presupuestaria«.
En un comunicado conjunto, los sindicatos CSIF, STAJ y CCOO aseguran que, «en caso de no hacerlo», no asistirán «ni a esta reunión ni a ninguna otra mientras no se incluya en el orden del día, con carácter preferente, lo relativo a la negociación del citado acuerdo».
«Recordamos al Ministerio la existencia y pervivencia del conflicto que ha supuesto el atasco de millones de actuaciones judiciales y la suspensión de juicios y vistas. Asimismo, le recordamos que la negociación de un acuerdo es una prioridad para los tres sindicatos», recuerdan.
En esta línea, reprochan al Ministerio que, «después de reunirse con LAJ y de anunciar que los acuerdos con ellos y con los jueces no corren peligro, pretenda continuar con su vida y su trabajo ordinario como si nada hubiera sucedido y sin abordar el conflicto en Justicia».
«Para los tres sindicatos se trata de un nuevo insulto para los 45.000 funcionarios de Justicia. Exigimos a los responsables ministeriales que cumplan con la palabra dada, y el compromiso público adquirido en su condición de representantes del Gobierno, de negociar con los representantes de los funcionarios de Justicia», insisten.
Los sindicatos explican que «a estas alturas, y desde el 28 de marzo cuando el Gobierno firmó el primer acuerdo, no hay nadie que entienda que haya dinero para unos y no lo haya para otros«. Especialmente, insisten, «en el marco de un proceso de transformación de la Justicia que va a afectar a todos».
La huelga
La huelga de los funcionarios de justicia comenzó el 17 de abril con paros parciales cada día y alguno de jornada completa, que se tradujeron también en concentraciones a las puertas de juzgados y tribunales, y se recrudeció el 22 de mayo con una huelga total. Sin embargo, los funcionarios anunciaron que suspendían la misma el pasado mes de julio hasta que hubiese un nuevo Gobierno.
El detonante fue el acuerdo alcanzado el 28 de marzo por Justicia y Hacienda con los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ), tras dos meses de huelga, que contempla aumento salarial de hasta 450 euros mensuales.
Posteriormente, ambos ministerios rubricaron también un pacto con las asociaciones de jueces y fiscales para reconocer una subida en la misma línea, sin necesidad de que los togados fueran a la huelga, aunque sí amenazaron con hacerlo.
En cifras absolutas, el acuerdo con los LAJ (unos 4.000 efectivos) representó un importe total de unos 22,7 millones de euros, mientras que el de jueces y fiscales (unos 8.000) ascendió a 46,7 millones de euros. Ahora, los funcionarios reclaman 200 millones de euros para las 45.000 personas que conforman el cuerpo.
«No somos ni menos ni más que letrados, jueces y fiscales. Somos la pieza esencial de la Administración de Justicia, por la que pasan el 100% de los actos procesales y, si hay dinero para reconocer el trabajo de ‘ellos’, también debe reconocerse nuestras funciones reales y el papel que debemos desarrollar en una Justicia digital y moderna», reivindicó el comité de huelga en su último comunicado.
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