Hechos clave: La agencia, adscrita al Ministerio de Economía, manejará los recursos provenientes de bonos bitcoin.La administradora de fondos se creó por dictamen de la nueva Ley de Emisión de Activos Digitales.La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una reforma al presupuesto 2023 de la nación a fin de incorporar fondos a ocho instituciones del Estado. Entre esos organismos se halla la Agencia Administradora de Fondos Bitcoin (AAB), a la cual se le asignaron USD 1,8 millones. La Agencia Administradora de Fondos Bitcoin es una entidad creada por el gobierno de Nayib Bukele en enero de este año, en el marco de la aprobación de la Ley de Activos Digitales. Según señala la regulación, la AAB se encargará no solo de administrar, resguardar e invertir los recursos provenientes de las ofertas públicas de activos digitales del Estado, y las ganancias que estas generen; sino que además estará a cargo de analizar oportunidades de inversión en criptomonedas para el gobierno.Todas esas funciones se cumplirán con base en lo que establece nueva Ley, diseñada para otorgar un marco legal a las operaciones y transferencias de activos virtuales en El Salvador, así como para dictar normas para emisión y oferta pública de criptomonedas por parte del Estado. Una meta para la que se dispuso la creación de una administradora de fondos. Lo anterior significa que será esta agencia la que administrará los recursos que se generen con los llamados bonos volcán, el instrumento financiero ideado por el gobierno mediante el cual Bukele aspira emitir mil millones de dólares en bonos de bitcoin. Tal como ha informado CriptoNoticias, se espera que estos bonos, dirigidos a emisores, proveedores y usuarios de criptomonedas de El Salvador, estén disponibles este mes de septiembre. De acuerdo con la información publicada en la cuenta de Twitter de la Asamblea, del monto total aprobado como presupuesto para la Agencia Administradora de Fondos Bitcoin, unos USD 800 mil provienen de una transferencia del Ministerio de Economía y del Fondo General de la Nación; y el millón de dólares restante es producto de ingresos por prestación de servicios públicos. De esta forma, la Agencia, que será una institución de derecho público relacionada con el Ejecutivo a través del Ministerio de Economía, recibe la primera asignación presupuestaria para iniciar sus actividades. Dentro de las facultades que le otorga la Ley, se incluye la fiscalización y control de otras entidades gubernamentales que realicen inversiones en criptoactivos, además de realizar contrataciones directas, cuando lo considere necesario. También puede firmar acuerdos de cooperación con las instituciones autónomas y otras entidades relacionadas con ofertas públicas de criptomonedas. A la AAB se le permitirá cobrar comisiones de hasta 0,5% por la administración de los fondos, además de dictar su reglamento interno y establecer su estructura organizativa. Estará dirigida por un administrador designado por el presidente de la República para un mandato de cinco años. El trabajo de la agencia se realizará de forma conjunta con la labor que desempeña la Comisión de Activos Digitales, otro ente creado en función de lo establecido en la Ley de Emisión de Activos Digitales. Su misión es aplicar la ley de valores del país, otorgar autorización a los exchanges, y proteger los derechos de los compradores y emisores de criptomonedas.
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