Por Paul Herrera
El Poder Judicial (PJ) ha entrado a la era de la tecnología, de la informática, de las audiencias virtuales y eso al menos en mi gestión no va a cambiar, aseguró su presidente Javier Arévalo Vela quien indicó que, si bien se necesitan más juzgados y mayor capacitación del personal, también se requieren reformas procesales legislativas que incluso sancionen el mal ejercicio de la profesión de abogado.
Esto último, sobre todo, porque no puede ser que haya juicios sencillos que duren años porque la ley lo permite y habilita muchas veces argucias procesales de los abogados que hacen que los juicios se dilaten.
En diálogo con el Diario Oficial El Peruano la autoridad judicial detalla las principales acciones y logros de su gestión, y formula planteamientos con retos para mejorar el servicio de administración de justicia.
–¿Cuál es el balance de la gestión de su Presidencia?
–Tenemos un balance positivo. Cuando asumí el reto y la responsabilidad de ser presidente del PJ, en enero pasado, lo hice bajo el lema “Hacia una justicia de calidad con rostro humano en la era digital”. En estos primeros siete meses de gestión, nuestra acción ha estado orientada a concretar avances en los ocho ejes estratégicos del Plan de Gobierno 2023-2024: consolidar la independencia y autonomía institucional; fortalecer la transparencia y lucha contra la corrupción; disminuir la carga procesal; alinearnos a la política de modernización institucional; fortalecer la capacidad institucional; optimizar las condiciones laborales de jueces, juezas y servidores/as; establecer mejores mecanismos para el acceso a la justicia de la población; así como fortalecer la gestión de la seguridad ciudadana desde el PJ. Hemos creado unidades de flagrancia, extendido la implementación del botón de pánico. Hemos logrado reformas procesales en materia laboral y penal. Hemos creado juzgados de paz para lograr el acceso a la justicia, y celebrado plenos jurisdiccionales para que haya seguridad jurídica. El PJ ha entrado en una etapa de tecnificación con el Expediente Judicial Electrónico (EJE) y hoy nadie ingresa al PJ si no es por concurso público, ello va en la línea de la meritocracia. Hemos sido firmes en la defensa de la autonomía, pero también hemos entendido que se debe coordinar sobre todo aspectos legislativos con el Congreso.
–¿Qué acciones se llevan a cabo para potenciar la labor de los magistrados?
–Nuestra preocupación es la capacitación constante de los jueces de todas las especialidades. Brindar un óptimo servicio de justicia requiere de magistrados/as altamente capacitados que estén al tanto de las nuevas concepciones y tendencias en el mundo del Derecho. Permanentemente la Comisión Nacional de Capacitación del PJ y el Centro de Investigaciones Judiciales programan cursos, talleres, encuentros, congresos, plenos jurisdiccionales y otros para potenciar los conocimientos de los jueces. La Oficina de Cooperación Técnica Internacional ha logrado con el apoyo de diversas fuentes cooperantes 940 horas académicas de capacitación presencial y virtual para jueces y personal jurisdiccional, de las cuales 352 fueron en el extranjero y 588 en el ámbito local. Mi gestión pretende que los magistrados/as tengan una infraestructura adecuada para el mejor desempeño de sus funciones, locales debidamente acondicionados con equipos tecnológicos para dar un servicio eficiente como los usuarios/as reclaman.
–Algo muy importante en eso es el EJE.
–Sí. El EJE se está implementando en mi gestión aceleradamente en distintos distritos judiciales incidiendo en el tema violencia familiar y familia. Eso sí el EJE en el área penal no va a la velocidad que ha ido en las otras áreas. Pero toda la implementación del EJE, en todas las áreas, como es con financiamiento internacional debería acabar a más tardar el 2026.
–¿Cómo evalúa las reformas procesal laboral y penal?
–Le hemos puesto énfasis en la justicia laboral, sin desatender las demás especialidades: penal, civil, familia y otras. En materia laboral, estamos implementando 30 nuevos órganos jurisdiccionales entre juzgados y salas que funcionarán en 18 distritos judiciales y van a permitir una justicia de calidad de acuerdo con los principios de celeridad de la Nueva Ley Procesal del Trabajo (NLPT) y del proceso contencioso administrativo, laboral y previsional. En el área penal, ya culminó el proceso de implementación a nivel nacional del nuevo Código Procesal Penal, y estamos impulsando la creación de unidades de flagrancia para enfrentar la inseguridad ciudadana, el afianzamiento de la subespecialidad de extinción de dominio para juzgar y sancionar la criminalidad organizada.
¿Cuál es el balance de la labor de la justicia de paz?
-Nuestro reconocimiento a los cerca de seis mil jueces de paz, que imparten justicia en los lugares más recónditos del país. En este año del bicentenario de la justicia de paz, desde la Presidencia estamos promoviendo acciones para revalorar su aporte al sistema de justicia. En el marco de la política de acercar los servicios a la ciudadanía, se ha creado el Registro Nacional de Juzgados de Paz donde los usuarios podrán encontrar la ubicación de cada juzgado de paz, identificación del juez o jueza; capacitación permanente sobre medidas de protección en casos de violencia contra la mujer, en sus funciones notariales y otros asuntos.
Plenos jurisdiccionales
Los plenos jurisdiccionales se realizan de manera periódica para unificar criterios jurisdiccionales y evitar los fallos contradictorios, indicó Arévalo. Con ello, dijo, “buscamos fortalecer la predictibilidad de las decisiones judiciales y la seguridad jurídica del país, que son condiciones básicas para el desarrollo del país”. Sostuvo que el Centro de Investigaciones Judiciales tiene un plan de plenos jurisdiccionales nacionales, así como a nivel de la Corte Suprema de Justicia en especialidades como penal, derecho constitucional y social, familia, civil, los cuales van a mejorar la calidad de las resoluciones judiciales. Considera un avance importante la Ley N° 31699 que optimiza el recurso de casación en los procesos judiciales laborales que se tramitan con la NLPT, lo cual significa mayor celeridad en la solución de los conflictos. Ahora, dijo, “vamos a proponer una reforma en la parte de competencias porque creemos que los jueces de paz letrado deben asumir mayores competencias a efectos que los casos en primera instancia los resuelva el juez de paz letrado y en segunda instancia el juez de trabajo y allí queden porque esto da celeridad”. Esto implica la elaboración de una iniciativa legislativa que se está trabajando y espero presentarla a fin de mes, adelantó.
(FIN) DOP
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— Agencia Andina (@Agencia_Andina) 9 de agosto de 2023
Publicado: 9/8/2023
