La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó la noche del miércoles 4 de noviembre que, por conducto de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), incorporó a 25 personas físicas y 15 personas morales vinculadas con proveedores electorales a la Lista de Personas Bloqueadas, por operaciones financieras que considera de riesgo.
De acuerdo con el comunicado, la UIF también presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que investigue posibles responsabilidades penales.
La dependencia precisó que el bloqueo es una medida preventiva y precautoria de carácter administrativo, que no implica una determinación de responsabilidad definitiva, y que las personas señaladas cuentan con mecanismos de defensa y garantía de audiencia.
Quiénes estarían en la lista
Hacienda no difundió los nombres. Según Excélsior, entre las personas físicas incluidas estarían la expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, y los empresarios José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas. La Razón también reporta que la lista incluye a Taddei y a José Alfredo Hernández Casillas.
Taddei renunció a la presidencia del INE el 26 de octubre. Hasta el cierre de esta nota no se había localizado un posicionamiento suyo ni de los empresarios sobre el bloqueo de cuentas.
Las auditorías en curso
La medida se suma a las revisiones que ya realizan otras instancias. Según La Razón, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó a dos grupos empresariales que entre 2014 y 2026 acumularon operaciones por 8 mil 870 millones de pesos, de los cuales 3 mil 790 millones corresponden al sector electoral; la propia nota aclara que esos montos no constituyen por sí mismos un daño patrimonial comprobado.
El Órgano Interno de Control del INE, por su parte, ha señalado a cinco empresas con socios o representantes en común que obtuvieron contratos por 2 mil 461 millones de pesos con organismos públicos locales electorales entre 2014 y 2025. La ASF anunció además una auditoría integral al INE y un estudio de las adquisiciones en materia electoral de los últimos 25 años.
Excélsior añade que, antes del bloqueo, la UIF y la ASF revisaban contrataciones plurianuales en arrendamiento vehicular y servicios tecnológicos, con líneas de investigación sobre subcontratación, concentración de proveedores y triangulación de recursos.
Reacciones
Según La Razón, tras el anuncio la presidenta Claudia Sheinbaum publicó en X que dos grupos empresariales controlaron durante más de 20 años los contratos de materiales electorales.
En la oposición, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, informó que su partido presentó una denuncia ante la FGR contra Taddei y otros funcionarios y empresarios, y pidió una refundación del instituto. El priista Manlio Fabio Beltrones advirtió que revisar dos décadas de contratos podría volverse un ejercicio político, ya que los delitos penales prescriben en cinco años.
Desde Morena, el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Higinio Martínez, respaldó las auditorías sin importar el periodo que abarquen: “Todo debe castigarse”, dijo.
El caso ocurre mientras la Cámara de Diputados prepara la convocatoria para elegir a la nueva presidencia del INE, que conducirá el proceso electoral federal 2026-2027.