El juez penal de garantías especializado en delitos económicos Humberto Otazú ordenó este sábado 7 de noviembre prisión preventiva para el expresidente de Paraguay Santiago Peña, investigado por el colapso de Ueno Bank, un día después de que el Senado lo destituyó en juicio político.
Peña cumplirá la medida en el Regimiento Escolta Presidencial y no en una cárcel común, de acuerdo con la agencia EFE y medios paraguayos como RCC. Según esos reportes, el juez tomó en cuenta la información sensible a la que el exmandatario tuvo acceso durante su gestión.
Imputación y audiencia
La Fiscalía imputó a Peña por lesión de confianza, como instigador, y por administración en provecho propio, como autor, según EFE. Algunos medios, como el diario argentino La Nación, reportan que en la lectura de cargos también se mencionó el delito de tráfico de influencias.
Por la mañana, Peña fue trasladado sin esposas a la sede de la Fiscalía General del Estado, en Asunción, donde se acogió al silencio. Por la tarde, en la audiencia de imposición de medidas en el Palacio de Justicia, también se abstuvo de declarar.
“Este ciudadano debe estar bajo la figura de la prisión preventiva para garantizar su sometimiento a este procedimiento”, dijo el juez Otazú, citado por EFE. De acuerdo con RCC, el juzgador también consideró el riesgo de obstrucción de la investigación.
La postura de la defensa
Su abogado, Ricardo Preda, sostuvo que no se cumplen los requisitos para la prisión preventiva porque no existe peligro de fuga ni de obstrucción, y argumentó que Peña ya no ejerce la Presidencia, por lo que no tiene acceso a información ni capacidad de influir desde el Ejecutivo. La defensa ha afirmado que el exmandatario no fue responsable directo de las colocaciones financieras en el banco. Hasta el momento no se ha informado si apelará la resolución.
El caso Ueno Bank
El Banco Central del Paraguay (BCP) ordenó el martes 3 de noviembre la resolución de Ueno Bank, que según EFE tenía unos 2.9 millones de clientes. En el juicio político, los diputados acusaron a Peña de conflictos de interés por su vínculo con el grupo y por el depósito de fondos públicos y previsionales en la entidad.
La Fiscalía ha imputado a 27 personas en el caso, entre ellas directivos del banco. El expresidente del BCP Carlos Carvallo Spalding, quien renunció el 3 de noviembre, fue imputado por producción de documentos públicos de contenido falso, según La Nación, y la Fiscalía también pidió su prisión preventiva; hasta ahora no se ha confirmado qué medida se le impuso.
El Senado destituyó a Peña el viernes 6 de noviembre por “mal desempeño de funciones”, con 44 votos. Esa misma noche fue detenido. El vicepresidente Pedro Alliana asumió la Presidencia para concluir el periodo, que termina en agosto de 2028. Hasta el cierre de esta nota, el nuevo gobierno no se había pronunciado sobre la resolución judicial.