La defensa del exfiscal de Chihuahua César Jáuregui Moreno reconoció que pudo haber omisiones e irregularidades en el operativo en el que participaron agentes de Estados Unidos, pero rechazó que esas fallas configuren el delito de traición a la patria, por el que su cliente está vinculado a proceso y permanece en prisión preventiva.
En una entrevista difundida este lunes 2 de noviembre, el abogado Héctor Villasana Ramírez afirmó que Jáuregui estaba enterado del operativo, pero no de que agentes estadounidenses intervendrían directamente en las acciones de campo. Según su versión, entre los más de 150 datos de prueba presentados por la Fiscalía General de la República (FGR) no hay testimonios que acrediten que el exfuncionario conocía esa participación.
El origen del caso
El proceso se deriva de un operativo contra un presunto laboratorio clandestino de metanfetaminas en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos, en la sierra de Chihuahua, en el que colaboraron la Fiscalía estatal y personal estadounidense. Tras la incursión, un accidente durante el traslado costó la vida a Pedro Román Oseguera Cervantes, entonces director de la Agencia Estatal de Investigación, a su escolta y a dos agentes de Estados Unidos.
Jáuregui fue detenido a mediados de octubre. La FGR, encabezada por Ernestina Godoy, lo acusó de traición a la patria por, presuntamente, haber permitido la intervención de agentes extranjeros. El 25 de octubre, el juez federal Ricardo Alfonso Santos Dorantes determinó que existían elementos suficientes para vincularlo a proceso por ese delito y ordenó que siguiera recluido en el penal del Altiplano, en el Estado de México.
Los argumentos de la defensa
Villasana señaló que la planeación del operativo, incluido el número de elementos, los vehículos y su duración, correspondía al director de la Agencia Estatal de Investigación. También indicó que Jáuregui solicitó el respaldo de la Secretaría de la Defensa Nacional y que el objetivo era desmantelar un laboratorio de drogas, no causar un daño al país.
A juicio del abogado, si existiera alguna responsabilidad, esta podría encuadrar en una sanción administrativa prevista en la Ley de Seguridad Nacional o en el delito de ejercicio ilegal del servicio público, pero no en traición a la patria, que puede castigarse con hasta 40 años de prisión. Consideró que hay una desproporción en la acusación.
La defensa mencionó además que Guillermo Arturo Zuany Portillo, entonces fiscal de Operaciones Estratégicas de Chihuahua, enfrenta señalamientos por los mismos hechos, aunque cuenta con un amparo que impide su detención.
La postura de la acusación
La FGR sostiene que cuenta con datos suficientes para acreditar la probable responsabilidad del exfiscal, criterio que fue respaldado por el juez al dictar la vinculación a proceso. Según lo reportado, la resolución se apoyó en reuniones de Jáuregui con mandos de investigación y en declaraciones posteriores; los abogados argumentan que no existe una instrucción documentada ni un testimonio directo que lo vincule con la autorización del personal extranjero.
La defensa adelantó que impugnará la vinculación a proceso. La resolución no constituye una sentencia, por lo que el exfuncionario conserva la presunción de inocencia mientras se desahoga el proceso.
El caso ha tenido repercusiones políticas en Chihuahua, gobernado por la panista María Eugenia Campos, y ha generado debate sobre los límites de la cooperación en seguridad con Estados Unidos.